El objetivo es proteger el éxito de las diligencias de investigación, y dotar de un mayor sentido estricto y de justicia.
El 5 de marzo ingresó a la Cámara de Diputados el Boletín N° 16641-07 que modifica el Código Procesal Penal para hacer improcedente el arresto domiciliario como medida cautelar durante la investigación de los delitos que indica.
El proyecto de ley propone legislar respecto a aquellos casos donde se encuentre involucrada una autoridad, ex autoridad, funcionarios públicos o todo quien esté relacionado con el gasto de recursos públicos, a fin de que no les sea aplicable a las personas imputadas por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes y otros delitos funcionarios, la medida cautelar personal de arresto domiciliario o privación de libertad, total o parcial, en la casa del imputado. Esto con el objetivo de proteger el éxito de las diligencias de investigación, dotar de un mayor sentido estricto y de justicia para casos en los que exista una notoria conducta reprochable por parte de autoridades y ex autoridades que involucre un mal uso de recursos públicos.
En razón de aquello la moción propone modificar el artículo 155° del Código Procesal Penal, que es en el cual se consagra el arresto domiciliario como medida cautelar a quienes han sido imputados por la comisión de algún delito, se plantea complementar dicha disposición en orden a establecer que no será aplicable al imputado contra quien se hubiere formalizado uno o más delitos de cohecho, fraudes, malversación de fondos públicos y otros delitos funcionarios. Además propone incorporar al catálogo de delitos señalados otros de igual o mayor connotación pública, tales como los relacionados con abusos sexuales a menores, homicidio, femicidio, parricidio, violaciones y estupro, a fin de establecer un fehaciente resguardo a todas las diligencias de la indagatoria y de la seguridad de la sociedad. Con ello, se propone que en tales casos, se proceda en virtud del artículo 139°, esto es, aplicar prisión preventiva cuando concurran los requisitos establecidos en la ley al efecto.