Pasará de llamarse Poder Judicial a Sistemas de Justicia. Además, tendrá una perspectiva de género y reconocerá el pluralismo jurídico.
“Sistemas de Justicia”, ese será el nombre que tendrá el Poder Judicial, según los cambios que ha propuesto la Convención Constitucional en su trabajo relativo al borrador de Nueva Constitución para ser plebiscitado en unos meses más en nuestro país.
Si bien este artículo fue aprobado por 106 votos a favor, 44 en contra y cero abstenciones, igualmente ha generado polémica entre algunos convencionales, quienes han alegado que esto podría generar incertidumbre jurídica y desigualdad ante la ley, tal como comentó el convencional Martín Arrau (UDI) en un punto de prensa.
De la misma forma, otro artículo que también fue aprobado es el de la paridad y perspectiva de género en los sistemas de justicia, un tema que ya estaba siendo considerado por el Poder Judicial, pero que con esto ya queda registrado en el borrador de nueva constitución.
De esta manera, la Convención Constitucional ha dado sus primeros pasos para modificar al Poder Judicial tal como lo conocemos. La pregunta es, ¿tendremos un sistema más justo, equitativo y de mayor acceso?
La opinión desde dentro
A pesar de que la materia judicial ha generado bastante polémica, tanto entre los convencionales, como dentro de la Corte Suprema, en general existe consenso de que es necesaria la actualización y modernización de un sistema tan relevante para la sociedad.
En este sentido, Mauricio Olave, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, señaló a Actualidad Jurídica que los cambios son necesarios, y que el gremio entiende la necesidad de modernizar el sistema judicial chileno.
“Chile tiene una estructura judicial muy atrasada y atentatoria de la independencia de los jueces y eso debiese corregirse en este proceso constituyente, con el fin de asegurarle a los ciudadanos que en el futuro contarán con jueces verdaderamente independientes”, indicó.
Aún así, existen algunas propuestas que han rondado en el trabajo de la Convención que creen que no son correctas para mantener la fortaleza que debe tener el Poder Judicial en nuestro país.
Uno de estos puntos es el de la inamovilidad de los jueces y juezas, cuestión que finalmente fue rechazada. Al respecto, Olave sentenció que “la Convención entendió que la inamovilidad no es un privilegio sino que una garantía para los justiciables, y que dicha inamovilidad es perfectamente compatible con un buen sistema de responsabilidad de juezas y jueces”.
Y agregó que “su eliminación habría significado un retroceso y debilitamiento no sólo del ejercicio de la función jurisdiccional, sino que también de la democracia en sí”.
Paridad y perspectiva de género
Al mismo tiempo, otro de los artículos que fue aprobado por el Pleno de la Convención fue el de paridad y perspectiva de género en el sistema de justicia.
En específico, el artículo 14 del informe de la Comisión de Sistemas de Justicia, señala lo siguiente: “La función jurisdiccional se regirá por los principios de paridad y perspectiva de género“.
Agrega además que “el Estado garantiza que los nombramientos en el Sistema Nacional de Justicia respeten el principio de paridad en todos los órganos de la jurisdicción, incluyendo la designación de las presidencias”.
Dicha normativa fue aprobada con 112 votos a favor, 24 en contra y 16 abstenciones en su discusión en particular en el Pleno de la Convención Constitucional. De esta forma, y según explicó la convencional Tammy Pustilnick “esto no significa atender siempre a los intereses de la mujer y perder la objetividad, sino que busca terminar con los sesgos que la jueza o juez pueda tener, superando aquellos que sean obstáculos para el acceso efectivo e igualitario a la justicia».
De hecho, una publicación de ONU Mujeres sobre la participación igualitaria en el sistema de justicia va en la misma línea: “La justicia de género tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el estado. Ello requiere que las instituciones —desde las que se administra la justicia hasta las encargadas de diseñar las políticas económicas— rindan cuentas sobre la atención que dedican a la injusticia y a la discriminación que mantiene a multitudes de mujeres en la pobreza y la exclusión”.
Al respecto, hablamos con Priscilla Carrasco, jefa de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central, quien planteó que lo importante es que “el enfoque de género va a estar establecido como un principio dentro de nuestra Carta Magna y eso es tremendamente relevante para el sistema de justicia. Esto, pese a que ya se han ido desarrollando muchas acciones en esta línea, pero la diferencia está en que ahora este enfoque de género y la lógica de paridad estarán consagradas en la Constitución”.
Tal como dice la abogada, desde hace aproximadamente cinco años hay varias juezas y jueces que han comenzado a fallar con perspectiva de género en materias penales, civiles, laborales y de familia, la diferencia es que ahora ese enfoque quedará como un principio dentro de la Constitución.
Incluso, un lineamiento al respecto provino en 2017 desde la Corte Suprema. Ese año el Pleno aprobó como política institucional la operatividad de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, impulsada por la ministra Andrea Muñoz.
“Yo creo que la incorporación de este enfoque de género y lógicas de paridad nos van a permitir ir permeando todos los espacios del sistema de justicia, en la misma línea de lo que ya se ha ido haciendo en algunos fallos por varios juezas que han desarrollado una línea de trabajo importante en estas materias”, señaló Carrasco.
De igual manera piensa el presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados, quien plantea que “la paridad es muy importante y así lo planteamos en nuestras propuestas ante la Convención, en tanto que la perspectiva de género venía siendo ya aplicada de manera creciente por nuestros tribunales”.
Se trata de “un reconocimiento constitucional necesario que impulsamos a su turno desde el gremio”, añadió.
Pero, ¿cómo debería impactar esta perspectiva de género en la práctica en los procesos judiciales? Carrasco señala que “en situaciones como la violencia de género, en los fallos de violencia sexual. Un ejemplo fue lo ocurrido en España, con el caso de “la manada”, que estaba lleno de estereotipos con respecto a cómo las mujeres nos deberíamos comportar. Si uno aplicara enfoque de género ahí deberían derribarse esos prejuicios y estereotipos”.
Pluralismo jurídico
Otro de los temas relevantes en lo que se ha aprobado en la Convención, es el de pluralismo jurídico, esto significa que el Estado reconocerá a los sistemas jurídicos de los Pueblos Indígenas, los cuales coexistirán en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia.
En ese contexto, además, se respaldó para el nuevo texto constitucional la norma que señala que “cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, tradiciones, protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas, conforme a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Chile es parte”.
Para Olave, es difícil pronosticar cómo podría funcionar en la práctica la coexistencia de ambos sistemas: la justicia tradicional y la de los pueblos indígenas. “La discusión está abierta en cuanto a los detalles, pero hay que recordar que los jueces hemos hecho aplicación de diversos instrumentos del derecho internacional que importan el reconocimiento y adjudicación de derechos en perspectiva intercultural”, aseguró.
De igual manera, manifestó que “el desafío será la armonización de ambos sistemas y la definición clara de competencias y procedimientos aplicables”. Si bien hay muchas cosas que resolver, la sensación y el ánimo es de que se está avanzando a sistemas de justicia más equitativos para todos los habitantes del país, y en una justicia a la que todos puedan acceder.