La iniciativa anunciada por el gobierno busca compensar parte de los gastos incurridos en proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental sea anulada, aunque aún persisten dudas sobre qué etapas del proceso estarán cubiertas.

Los costos asociados a obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) pueden alcanzar hasta US$30 millones en el caso de megaproyectos, especialmente cuando se consideran etapas previas como prefactibilidad y preingeniería.

La propuesta del gobierno, incluida en el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación anunciado por el Presidente José Antonio Kast, contempla un mecanismo de reembolso para proyectos cuya RCA sea posteriormente anulada. Sin embargo, aún no está claro si esa compensación abarcará solo la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o también fases anteriores, que suelen ser las más costosas.

En la industria señalan que, en grandes iniciativas, la etapa previa al EIA puede costar entre US$15 millones y US$30 millones, mientras que la elaboración del estudio ambiental y sus líneas de base demandan cerca de US$2 millones. En minería, un proyecto estándar parte con desembolsos cercanos a US$4 millones solo en el EIA.

Uno de los casos más relevantes es el proyecto de hidrógeno verde H2 Magallanes, que habría destinado cerca de US$30 millones a prefactibilidad y elaboración de su estudio ambiental. En tanto, iniciativas de larga tramitación y judicialización, como Dominga, acumulan gastos mucho mayores, incluyendo compra de activos, estudios, asesorías jurídicas y costos asociados al proceso ambiental.

El Informe Trimestral del Observatorio de Tramitación y Evaluación de Inversiones de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile también da cuenta del aumento de estos costos. Según el documento, durante el segundo semestre de 2025 el costo agregado de la tramitación ambiental alcanzó un récord de US$1.937 millones, triplicando el semestre anterior.

Desde los gremios valoraron la señal del Ejecutivo, aunque advirtieron que será clave conocer el alcance exacto del mecanismo. El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que la certeza jurídica y la eficiencia regulatoria son fundamentales para impulsar grandes inversiones.

En la misma línea, desde Sonami plantearon que la medida podría reducir riesgos e incentivar nuevos proyectos, dependiendo de cómo quede definido el reembolso.