No contiene en sí mismo información sobre las partes de la causa ni permite identificar a una persona natural sin recurrir a otros elementos externos adicionales.
Se tiene por acreditado que el demandante sufrió un daño cierto y directo, derivado del hecho que la contraria no trató de manera debida sus datos personales, afectando durante un periodo no menor de tiempo su dinámica de vida diaria.
La protección de datos personales en Chile está ad portas de una transformación crucial. Recientemente, el Ejecutivo ha dado un paso decisivo al ingresar a la Contraloría General de la República el Reglamento de la Ley N° 21.719, que reforma la Ley N° 19.628 y
En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, Carlos Reusser, presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías y profesor de Derechos Digitales de la Universidad Alberto Hurtado, analiza los alcances de la nueva Ley de Protección de Datos que entrará en vigor en
La Asociación Gremial de Profesionales en Protección de Datos (AGPD) cumple hoy 28 de agosto de 2025 su primer año de existencia.
La abogada y socia del estudio FerradaNehme, Stella Muñoz, conversó con Actualidad Jurídica sobre los desafíos de implementación de la nueva ley 21.719, especialmente en el mundo del comercio. Desde su experiencia en el derecho del consumo, planteó que esta nueva normativa obligará a las
En el marco de la charla “Una nueva institucionalidad para la protección de datos en Chile” —organizada por el Magíster en Derecho Público de la Universidad Central y la Facultad de Derecho y Humanidades, con el apoyo de DOE: El Banco de Información de Chile—,
Se llevará a cabo el 07 de agosto a las 18:30 horas.
El abogado y académico de la Universidad Central, además de presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales, analizó los desafíos regulatorios, técnicos y culturales que impone la implementación de la Ley 21.719, que reemplaza a la normativa vigente desde 1999. En
La FNE ha efectuado un requerimiento de información con sujeción a una facultad conferida por el legislador para llevar a cabo un cometido que la propia ley le asigna.