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El plazo aplicable para impugnar era de 10 días hábiles y no de 60, al no tratarse de un reclamo por beneficios remuneratorios.
Corte Suprema revocó y rechazó recurso de protección estimando pertinente no eliminar los datos de los registros SAF, en que figura como imputada la recurrente.
Ello debido a que el juez sugirió una calificación jurídica al ente persecutor.
No es posible sostener que goce de una suerte de inamovilidad en el ejercicio de su cargo.
La clausura del camino ha acarreado una alteración en el uso ordinario del camino vecinal.
