Tras más de un año de debate legislativo, el pasado 24 de mayo fue publicada en el Diario Oficial la ley corta de isapres -impulsada por el Gobierno-, la cual tiene como objetivo principal viabilizar el cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema y asegurar la ejecución de las obligaciones de las aseguradoras.
El abogado de Álvarez-Jordán y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán, asegura que, si bien las isapres lograron sobrevivir a través de esta ley, esta normativa solo es el puntapié para legislar sobre una reforma profunda para todo el sistema de salud chileno, la cual debería ser ingresada al Congreso antes de octubre de este año.
¿Cuáles son los cambios más significativos que introduce la ley corta de isapres en el sistema de salud? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Lo que hay que tener claro es que la ley corta viene a resolver un problema que tenían las isapres debido a las sentencias de la Corte Suprema por la aplicación de tablas factores de riesgo y el cobro en exceso que estas habían cometido. Esto llevó a que las isapres debieran a sus afiliados más de mil millones de dólares y, por lo tanto, había una situación financiera muy complicada para estas entidades.
Es ahí cuando interviene el legislador y dicta esta normativa que, básicamente, lo que hace es fijar un plan de pago y un plazo de 13 años para poder pagar esta deuda. Esto viene a dar cumplimiento -en términos jurídicos- a estas sentencias que dictó el Tribunal Constitucional.
En cuanto a mi opinión, creo que la ley resuelve un problema muy coyuntural y puntual. Resuelve un problema de la isapres derivado de una sentencia judicial y eso me parece que es importante decirlo; en el fondo no es una reforma al sistema de salud, simplemente es una forma en que el legislador opta por resolver un problema derivado del proceso de judicialización de la salud privada que ha habido en Chile en las últimas décadas.
Entonces, me parece que es una fórmula adecuada frente a una coyuntura crítica y completa del sistema privado de salud donde el legislador, al otorgar este plazo, hace una opción de expresar su voluntad de la supervivencia de un modelo mixto de salud también. Creo que es una respuesta adecuada, muy puntual y coyuntural, que viene a resolver este conflicto.
Según el proyecto, una vez publicada la ley se debía crear un Consejo Consultivo para asesorar al Gobierno en la aplicación de la ley, lo cual ya se encuentra en curso ¿Hay otras medidas que se estén tomando para garantizar que su implementación sea efectiva?
Creo que hay varias cosas ahí que son interesantes. Las isapres tienen que presentar un plan de pago, lo que será vigilado por este Consejo Consultivo, que va a asesorar a la Superintendencia de Salud con los planes de pago que presente cada aseguradora y, por lo tanto, la superintendencia irá dictando ciertas circulares para adecuar los planes de salud de acuerdo con estas tablas que se debieron aplicar en 2022.
Por lo tanto, hay una mixtura entre el plan de pago, el plazo para que las isapres cumplan y, por otro lado, ciertas normas técnicas que se deben ir dictando por parte de la superintendencia para que estos planes se puedan adecuar.
Me parece que son las claves de la solución, donde cada isapre tendrá que presentar en este plan de pago qué van a devolver, incluyendo las propuestas de devolución de la deuda, de reducción de costo y el cobro de una prima extraordinaria, eventualmente.
Pero también hay otra cuestión bien interesante. Junto con el plan de pago, se crea esta Modalidad de Cobertura Complementaria que ofrecerá Fonasa y que viene a ser un incentivo para que los afiliados de isapres que no están en condiciones de seguir manteniendo el pago en ella -eventualmente- puedan trasladarse al sistema público y ajustar a esta modalidad de cobertura complementaria. De esta manera, pagando una prima adicional, podrán tener este plan complementario que, incluso, incluye un seguro catastrófico.
Entonces, tenemos el plan de pago, el rol de la superintendencia, el consejo asesor, pero al mismo tiempo tenemos la creación de esta modalidad complementaria de Fonasa que a permitir darle un plus a su oferta de planes de salud.
Hay expertos que dicen que las isapres ganaron con esta ley y otros que dicen que perdieron ¿Cómo crees que impactará esta normativa en el mercado de las isapres?
Este debate es interesante. Yo creo que las isapres lograron sobrevivir a partir de esta ley, pero el sistema de salud está en espera de cuál va a ser la reforma larga o más sustancial del Ministerio de Salud ¿Por qué razón? Porque ahí van a establecerse los criterios o las reglas básicas del diseño del nuevo modelo de salud: ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el sistema privado? ¿Cuál va a ser el rol que va a tener el sistema público?
Ahí hay una discusión bien profunda: si se va a seguir optando por un modelo de multiseguro o un modelo seguro único. Todas las señales parecen encaminarse a los modelos de multiseguro, pero bajo una nueva lógica que tiene que ver con la idea de seguridad social, es decir, no solamente un mercado de salud privada, sino que tienen que cumplir un estándar que se ha venido fijando por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional de Seguridad Social.
Esto se expresa en el principio solidaridad, en el de universalidad y también en la última sentencia de la Corte Suprema que declaró la salud como iniciativa exclusiva del presidente y, por lo tanto, la declara firmemente como parte del derecho a la seguridad social y eso crea -para el futuro- un sistema de seguridad social que involucra pensiones y salud.
¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera sea el modelo, el estándar va a ser distinto a cómo se creó un modelo de seguros privados.
Es decir, ¿este podría ser el puntapié para reformas más estructurales en el sistema de salud de Chile?
Es el puntapié, porque el Ejecutivo se comprometió -durante la tramitación- a enviar en octubre una reforma profunda o reforma larga al sistema de salud. Los sistemas están interconectados, por lo tanto, se tendrá que reformar Fonasa y el sistema privado.
Entonces, necesariamente estamos a puertas del inicio de un proceso de reforma estructural al sistema de salud chileno y ahí lo que está por desarrollarse va a ser la fórmula o la ecuación en que se va a distribuir el rol de los privados como aseguradores, como prestadores, etc. Ahí está la fórmula.
La exigencia de los congresistas es que exista aseguradores públicos y aseguradores privados, por lo tanto, un modelo de multiseguro podría ser. Lo que pasa es que esto puede tener diferentes intensidades.
¿Cuáles son los desafíos que tenemos pendientes en cuanto a futuras reformas en esta materia? ¿Cómo crees que se podrían abordar esos desafíos?
Considero que salud, junto con pensiones, son dos derechos que -al mismo tiempo- reflejan ciertas discusiones de paradigmas de la sociedad, básicamente, de paradigmas políticos. Entonces, yo creo que lo que haga el Gobierno en los próximos meses va a determinar si existe o no, por primera vez en mucho tiempo, un acuerdo sobre el sistema salud chileno.
De acuerdo con lo que vi durante la discusión legislativa, debería ser un modelo mixto, de provisión público-privada, bajo estándares de seguridad social. Me parece que ese es como los elementos estructurales, si uno sigue la discusión política, la sentencia de la última década en justicia constitucional, tanto en la Corte Suprema como en los tribunales constitucionales.
Me parece que esa es la clave de lo que se viene. Entonces, va a haber una tensión política fuerte entre dos formas de mirar la salud: una más con énfasis en lo privado, como es la derecha política, y una con mayor énfasis en lo público, como es la izquierda y la centroizquierda, pero ahí no hay posibilidad de que uno imponga el modelo sobre el otro.
Por lo tanto, la pregunta es “¿cuál es el modelo de consenso?” Eso es una decisión y discusión que se ha aplazado desde el año 2010-2011 con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre tablas de factores.
Ahora, va a ser una discusión muy larga a la cual va a acceder este Gobierno, porque solo le queda un año y medio, y, por lo tanto, la reforma estructural de salud va a abordar esta administración y la próxima, seguramente.
¿Crees que se pueda llegar a un acuerdo político para sacar adelante reformas de este tipo?
Yo creo que hoy no hay acuerdo. El acuerdo es difícil porque, aunque suene simple, ninguna de las partes está en condiciones de imponer sus criterios a la otra y, por lo tanto, el único modelo posible es un modelo de ceder.
Eso es lo que ha evitado la política en los últimos diez años. Han tratado de evitar que una visión se imponga sobre la otra, pero no ha habido fuerza, ni capacidad para llegar a un modelo consensual. Entonces, es un desafío complejo, en el que hay intereses políticos, intereses económicos, y en un paraguas que es la política sanitaria.
A mi parecer, será un proceso lento, complejo, donde el consenso no va a ser tan fácil, pero hay que ver también cómo se desarrolla el último año este Gobierno y cómo se compone el próximo Congreso. El error podría ser que eso derive en un estancamiento. Un estancamiento sería el peor de los escenarios.
Otra cosa que también se está produciendo es el surgimiento de nuevas isapres, por lo tanto, este es un momento de transición del propio sistema privado en el cual las aseguradoras -complicadas por la sentencia y que tienen 13 años para solucionar sus problemas- también están siendo custodiadas, o más bien rodeadas por nuevas isapres que están apareciendo sin problema de judicialización y sin problema de deuda, producto de la sentencia.
Entonces, yo creo que ahí también hay una transición respecto a los actores privados de salud.