En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, la doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora titular y vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio en la Universidad de Concepción, Ximena Gauché Marchetti, reflexionó sobre el rol transformador de la academia en la Justicia con perspectiva de género.
Además, compartió los aprendizajes de sus investigaciones aplicadas que hoy inspiran políticas públicas concretas dentro y fuera de Chile.
Tu trayectoria ha estado marcada por una labor constante en torno a justicia y género, liderando investigaciones aplicadas con impacto concreto en políticas públicas. Desde esa experiencia, ¿cómo entiendes el rol que debe jugar la academia en transformar estructuras judiciales que históricamente han operado con sesgos de género? ¿Qué te impulsó a asumir ese desafío desde una mirada interdisciplinaria?
Comencé a trabajar estos temas hace casi una década, inicialmente desde una perspectiva académica tradicional. Sin embargo, pronto comprendí la necesidad de adoptar un enfoque interdisciplinario, generando trabajo colaborativo con profesionales de otras áreas y promoviendo la investigación aplicada, algo poco común en el derecho. Además, liderar desde 2022 en la Universidad de Concepción la Vicerrectoría encargada de promover la transversalización de los procesos formativos y de generación de conocimiento e innovación en las distintas relaciones con el entorno universitario, ha ido ratificando esta comprensión. Este doble rol, de investigadora y responsable institucional de fortalecer la vinculación con el medio, reforzó la convicción de que la academia debe asumir un rol activo y colaborativo con los sectores públicos en temas de justicia, para aportar en el diagnóstico y transformación de estructuras vinculadas al acceso a la justicia, que operan en muchas ocasiones con estereotipos y sesgos de género que van más allá de las leyes y normas.
El enfoque adoptado en las investigaciones que me ha tocado liderar parte del concepto que hemos promovido de «ecosistema de gestión de derechos en la justicia», que reconoce que no solo los tribunales y jueces cumplen funciones relevantes, sino también todas las personas intervinientes en un proceso judicial y donde importante los diseños de políticas y normativas, las organizaciones y sus arreglos institucionales, y las prácticas de esas organizaciones tanto al interior como con sus entornos relevantes. Desde allí, la universidad puede cumplir un rol clave al facilitar el diálogo entre actores que usualmente no interactúan, usando metodologías participativas que permiten diseñar políticas públicas más efectivas y contextualizadas a la realidad de la justicia chilena con sus desafíos y barreras estructurales.
Durante 2023 y 2024 lideraste la elaboración de un protocolo de atención para mujeres chilenas víctimas de violencia de género en el exterior, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cuál fue el mayor desafío de ese trabajo y cómo se concretó su implementación como política pública efectiva?
Uno de los mayores desafíos ha sido precisamente promover la articulación del trabajo colaborativo y contextualizado a la realidad chilena en distintas organizaciones en que existe un diagnóstico sobre desigualdades de género y violencia. La experiencia con el MINREL surgió tras la elaboración del Protocolo de Atención en Justicia con Enfoque de Género y Diversidad Sexual, desarrollado a partir de dos proyectos FONDEF para los tribunales de justicia. Teniendo como base la metodología con que se desarrolló y validó ese Protocolo, la Universidad de Concepción inició una colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la implementación de su Política Exterior Feminista y su enfoque de derechos humanos en la cual participamos un grupo de académicas de diversas disciplinas y con el apoyo de varias unidades universitarias
El principal desafío fue lograr una mirada intersectorial e interseccional, considerando la diversidad de contextos que viven las mujeres chilenas víctimas de violencia en el extranjero. En 2023 elaboramos el protocolo con metodologías participativas, siguiendo una línea de continuidad con el trabajo previo con el Poder Judicial y las asociaciones vinculadas al trabajo judicial. Su implementación en 2024 fue especialmente desafiante, pues se desarrolló de manera remota, con 12 consulados en el mundo, coincidiendo además con las acciones que la Universidad ha ido desarrollando en el marco de su compromiso con la promoción de la igualdad de género y la erradicación de violencias.
Diseñamos capacitaciones, talleres y materiales específicos para cada consulado, permitiendo levantar diagnósticos, proponer acciones concretas y gestionar propuestas para un cambio real en la atención consular hacia mujeres chilenas. Un gran logro fue movilizar a funcionarias y funcionarios consulares, que muchas veces no habían trabajado directamente con temáticas de violencia de género, para instalar capacidades institucionales que perduren más allá del proyecto.
¿Cómo se eligieron los consulados participantes?
Fue una decisión colaborativa junto a la Cancillería, y en su etapa de diseño también participó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Se seleccionaron 11 consulados en ciudades como Barcelona, Nueva York, Montreal, Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá, Tacna, Buenos Aires, Mendoza, Pretoria y Sídney, considerando principalmente el volumen de personas chilenas residentes en esas localidades.
Uno de los logros fue que este protocolo fue reconocido como buena práctica a nivel nacional. ¿Qué hizo que este proyecto se destacara? ¿Qué aprendizajes deja para futuras iniciativas similares?
Desde la Universidad de Concepción creemos que su carácter inédito y colaborativo fue clave. No es frecuente ver políticas públicas construidas desde la co-creación entre el sector público y la academia. Esta experiencia no solo articuló a la Universidad de Concepción con instituciones como la Cancillería y antes el Poder Judicial, sino que también movilizó a los propios equipos consulares, involucrándolos activamente en el proceso, tal como se hizo en su momento con personas integrantes de tribunales.
El diseño de diagnósticos, planes de trabajo e instrumentos de seguimiento, como guías de implementación, permitió una instalación progresiva y sostenible del protocolo. Esta metodología participativa, adaptada al contexto real de cada consulado, muestra que es posible intervenir en estructuras del Estado con un enfoque de derechos y perspectiva de género, si se hace con rigor científico, colaboración y formación.
Ahora estás iniciando un nuevo Fondecyt Regular sobre justicia, violencia de género y niñez. ¿Cuáles son sus objetivos y cómo se vincula con tu trabajo anterior?
Este nuevo proyecto surge tras estos años de trabajo en justicia y género. Uno de los aprendizajes ha sido observar el avance normativo en Chile, con leyes que requieren ser acompañadas por políticas públicas efectivas. Es el caso de la nueva Ley Integral de Violencia (Ley 21.675) y la Ley de Garantías de la Niñez (Ley 21.430).
La investigación analizará cómo se está comprendiendo y aplicando la consideración de niños, niñas y adolescentes como víctimas de violencia de género, ya sea por ser afectados directamente o como mecanismo de daño hacia sus madres o cuidadoras. Queremos caracterizar las barreras para una correcta interpretación judicial y proponer lineamientos para garantizar el acceso a la justicia con enfoque de derechos.
Existen diversos documentos e informes nacionales e internacionales que apuntan a la necesidad de trabajar para garantizar mejoras en el acceso a la justicia para la niñez y la adolescencia por lo que esperamos aportar con los resultados de esta investigación que seguirá en el uso de metodologías participativas: entrevistas a informantes clave, grupos focales y otras técnicas no tan frecuentes en el derecho, pero necesarias para construir una comprensión más integral del sistema judicial, tal como hicimos antes en género y diversidad sexual.
Gran parte de tu trabajo ha sido en diálogo con el Poder Judicial y asociaciones civiles. ¿Qué valor tiene esa construcción colectiva en procesos tan sensibles como la incorporación del enfoque de género en la justicia?
Tiene un valor determinante. Por eso apuesto por seguir fortaleciendo tanto la investigación como la docencia universitaria en esta línea, coordinando trabajo en equipos con diversas trayectorias formativas y profesionales, aportando a la formación de capital humano especializado en los temas y promoviendo la colaboración con organizaciones del medio externo. El diálogo con diversos actores permite enriquecer los diagnósticos, aportar diversidad de miradas y contextualizar las soluciones. Además, promueve una mirada de género transversal no solo en la justicia, sino en todo el quehacer del Estado y de las instituciones de educación superior. En el caso de este nuevo FONDECYT vamos a trabajar con la Defensoría de la Niñez, la Asociación de Magistradas Chilenas y ACHNU Biobío, pues estoy convencida de la importancia de la construcción de conocimiento de forma colaborativa.
¿Qué crees que aún falta por avanzar en materia de justicia con perspectiva de género en Chile, especialmente desde lo institucional y lo académico?
Una gran deuda es mejorar en formación. Necesitamos que se forme a todas las personas que intervienen en el sistema de justicia: desde jueces y juezas de todos los niveles hasta personas funcionarias en distintos roles e incluso en órganos auxiliares de la justicia: cualquiera sea la profesión deberían contar siempre con una formación en temas de género que favorezca identificar desigualdades y evitar la difusión de valoraciones que a veces se construyen desde una visión estereotipada de los roles de las personas en la sociedad. Esta formación debería comenzar desde la educación universitaria y continuar en la Academia Judicial o las otras instancias responsables de la capacitación de los intervinientes en el sistema judicial. Si bien hay avances, falta que esto sea visto como un contenido que sea obligatorio en todos los niveles y que tenga pertinencia a la realidad chilena.
También es importante comprender que hoy en Chile ya no solo debemos pensar que la responsabilidad de la justicia con perspectiva de género es solo del Poder Judicial, también esto es necesario en las investigaciones que se puedan dar en espacios administrativos o universitarios, a partir de los marcos legales que se han ido aprobando en los últimos años en Chile.
Creo que el enfoque de derechos humanos debe permear toda estructura institucional que deba aplicar justicia. Ello puede ayudar a avanzar en cohesión social, porque una justicia con perspectiva de género es un proyecto y aspiración común que requiere compromiso dentro y fuera de las instituciones. Solo así lograremos un sistema que garantice derechos de forma efectiva e igualitaria.