Será la Corte Suprema quien deberá elegir a los cinco ministros que conocerán sobre las reclamaciones susceptibles de interponerse en contra de la Convención.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.
