Esto, para ayudar a optimizar el uso de estos recursos en el sector residencial y promover una cultura de cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente y contribuir al presupuesto de aquellas familias que pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.
Con esto, el Estado de Chile garantiza su participación y representación política, con el derecho a la autonomía en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales.
