El reajuste será de 12% para los funcionarios públicos con salarios brutos menores a los $2.200.000, mientras que para quienes tengan remuneraciones superiores a esa cifra, un monto fijo de $264.000.
La Segunda Sala descartó vulneraciones al debido proceso y confirmó la condena por fingimiento del cargo de abogado, junto con el delito de uso malicioso de documento privado falso.
La Tercera Sala impuso suspensión de un mes y multa de 5 UTM a una abogada por incorporar referencias doctrinarias no verificadas en un recurso de casación en el fondo.