Los hechos denunciados constituyen conductas que violan los deberes de su cargo, los cuales están estipulados en el reglamento que la voluntaria aceptó al unirse a la institución.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.