Se debieron haber activado los protocolos ante la agresión sufrida por el alumno durante las actividades organizadas, pese a que ocurrió fuera del recinto educacional.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.
