El presente proyecto de ley tiene por objeto incorporar expresamente en el Código Penal chileno una figura penal autónoma que sancione la conducta de someter a una persona a condiciones de esclavitud o servidumbre ejercidas por particulares, como una grave vulneración a la libertad y dignidad humanas.
El traslado dispuesto carece de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que aquélla sea ilegal y, también, desproporcionada al mantener al amparado en un establecimiento penal fuera de la región donde tiene su domicilio y su familia.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.
