Ratificó la legalidad de la suspensión del convenio de intermediación para el suministro de medicamentos, adoptada por CENABAST debido a una deuda impaga.
Este proyecto de ley tiene por objeto respetar y garantizar a las personas naturales el ámbito privado y reservado de ellas, en estricto respeto a su dignidad personal, ante la eventualidad de ser amenazados por la difusión de su identidad en medios de comunicación.
El hecho de rechazar la cobertura por Ley de Urgencia Fonasa incurrió en ilegalidad, amenazando el legítimo ejercicio del derecho de propiedad de la actora.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
Máximo tribunal sostuvo que la administración no solo está facultada, sino obligada a recuperar fondos públicos pagados erróneamente, respetando límites legales en los descuentos.
