Incorpora la obligación de presentar en el Informe de Finanzas Públicas un capítulo en que se explicite un plan de acción específico respecto de los activos del Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, para todo el período de Gobierno.
Ha sido una normativa de carácter jerárquicamente inferior a la ley la que ha contemplado un causal que permitiría una forma de afectación del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
La Tercera Sala impuso suspensión de un mes y multa de 5 UTM a una abogada por incorporar referencias doctrinarias no verificadas en un recurso de casación en el fondo.
La trabajadora buscaba revertir el efecto liberatorio de un finiquito respecto de acciones de declaración de relación laboral, unidad económica y nulidad del despido.
