La sentencia ratifica que, en prestaciones otorgadas bajo el sistema PAD, existe vínculo contractual tanto con el médico tratante como con la clínica, imponiendo deberes de cuidado, supervisión y diligencia.
El máximo tribunal ratificó que no hubo ilegalidad del Registro Civil al exigir el cumplimiento del procedimiento legal para cancelar la inscripción de un vehículo sustraído, pese a los perjuicios alegados por su propietaria.
El máximo tribunal concluyó que los convenios entre Isapres y cadenas de farmacias no constituyen actos administrativos ni forman parte de un procedimiento estatal, por lo que quedan fuera del régimen de publicidad de la Ley de Transparencia, aun cuando obren en poder de órganos de la Administración.
Corte Suprema acoge denuncia de Sernapesca contra Nova Austral y refuerza deber de motivación judicial y presunción de veracidad en fiscalizaciones pesqueras.
El máximo tribunal revocó una sentencia que había sustituido la destitución por una suspensión, reafirmando que el recurso de protección no es vía para revisar el mérito de sanciones disciplinarias ajustadas al Estatuto Administrativo.
El máximo tribunal revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica y ordenó dictar un nuevo acto administrativo, al constatar que el retiro temporal de un funcionario del Ejército carecía de fundamentos de hecho y de derecho exigidos por la Ley N° 19.880.
El máximo tribunal ratificó que la acción cautelar no es la vía idónea para impugnar la caducidad de una resolución ambiental, existiendo recursos administrativos y reclamación ante tribunales ambientales.
El máximo tribunal estimó que el acto administrativo que puso término anticipado a la contrata de un funcionario municipal se encontraba debidamente fundado en una reestructuración organizacional y en la eliminación de la unidad que dirigía.
El Ejecutivo ingresó el Boletín N° 18.116-07 que busca consagrar a la Defensoría Penal Pública como órgano autónomo constitucional, reforzando la igualdad de armas en el proceso penal.
