La sentencia ratifica que, en prestaciones otorgadas bajo el sistema PAD, existe vínculo contractual tanto con el médico tratante como con la clínica, imponiendo deberes de cuidado, supervisión y diligencia.
El máximo tribunal ratificó que no hubo ilegalidad del Registro Civil al exigir el cumplimiento del procedimiento legal para cancelar la inscripción de un vehículo sustraído, pese a los perjuicios alegados por su propietaria.
El máximo tribunal concluyó que los convenios entre Isapres y cadenas de farmacias no constituyen actos administrativos ni forman parte de un procedimiento estatal, por lo que quedan fuera del régimen de publicidad de la Ley de Transparencia, aun cuando obren en poder de órganos de la Administración.
Corte Suprema acoge denuncia de Sernapesca contra Nova Austral y refuerza deber de motivación judicial y presunción de veracidad en fiscalizaciones pesqueras.
El máximo tribunal revocó una sentencia que había sustituido la destitución por una suspensión, reafirmando que el recurso de protección no es vía para revisar el mérito de sanciones disciplinarias ajustadas al Estatuto Administrativo.
El máximo tribunal revocó una sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica y ordenó dictar un nuevo acto administrativo, al constatar que el retiro temporal de un funcionario del Ejército carecía de fundamentos de hecho y de derecho exigidos por la Ley N° 19.880.
Corte Suprema confirmó la negativa del Conservador a inscribir un inmueble porque uno de los vendedores figuraba en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos.
El tribunal de alzada estimó que la controversia debía resolverse desde el deber de protección del animal como ser sintiente y no desde los derechos patrimoniales invocados por sus cuidadores.
La Primera Sala resolvió que los herederos no pueden reclamar iure hereditatis la indemnización por el daño moral sufrido por la víctima directa. Distinguió esa situación del daño por repercusión o rebote, que corresponde al perjuicio experimentado personalmente por los familiares.
