A raíz de las últimas definiciones sobre la obligatoriedad del voto, si bien es la vuelta a una normativa anterior y una profundización del modelo de democracia representativa que ha regido por largo tiempo, ello no quita que pueda considerarse como una oportunidad para mejorar el acceso a la información y a la formación y participación ciudadana. Si bien, la doctrina ha llegado a la conclusión que el voto no es lo más eficaz ni suficiente como mecanismo de participación, se encuentra largamente fundamentada e interiorizada su pertinencia, esto debe considerarse como una oportunidad para la profundización de la democracia. Las elecciones libres y justas son el mecanismo por excelencia a través del cual se decide el futuro en la democracia representativa, por lo que, se espera que la ciudadanía participe.
Dados los fenómenos actuales de desafección política e incremento de la separación entre representantes y representados, tal y como se ha evidenciado en Chile, se trata de una oportunidad para repensar el voto como una forma de participación más directa e igualitaria y que permite construir una cultura de tolerancia y debate permanente, donde cobra gran importancia la información que tienen a disposición ciudadanos y ciudadanas. Junto a ello, permite el involucramiento en diferentes grados y en diversas etapas del ejercicio de gobierno. Se trata, en definitiva de profundizar la representación, trascendiéndola, en tanto, existe una diversa variedad de arreglos institucionales en los distintos regímenes democráticos en los que se combinan distintas fórmulas que equilibran la representación y la participación, esperándose que exista una coordinación entre estos arreglos.
Así, debemos pensar la representación y la participación como nociones que no constituyen polos opuestos sino que dos dimensiones que pueden y deben ser equilibradas, dando cuenta de las transformaciones de la relación entre las instituciones públicas y los ciudadanos y ciudadanas. Sólo ello permitirá hacer frente a la evidente crisis de legitimidad de la representación y de la política, a través de reforzar el acceso a información pública, la formación ciudadana y el compromiso de la ciudadanía con lo público. Esto, mediante el fortalecimiento de mecanismos que posibiliten la participación y que sean vistos como complementarios a las instituciones representativas, buscando el involucramiento de quienes son finalmente sujetos pasivos de las decisiones públicas y/o estatales.
Así lo decía Bobbio (1987) “para el futuro de la democracia representativa será cada vez más importante consultar en forma permanente a los representados, a través de mecanismos y estructuras horizontales de integración”. Estas formas de participación, permiten consensos amplios, decisiones más legítimas y una mejora de la calidad democrática de las mismas, al sentirse mejor interpretada la ciudadanía. Junto a ello, la democracia no sólo requiere de la existencia y ejercicio del voto o sufragio, si no que, para su legitimidad se exige que estas decisiones sean respaldadas a través de una mayoría clara de ciudadanos y ciudadanos dentro de un proceso electoral. Esto, no sólo permite que las decisiones puedan ser consideradas más válidas y más legítimas, si no que, se refuerzan valores como la solidaridad, la reciprocidad, la tolerancia y el respeto mutuo.
