Los expositores abordaron el proyecto de ley sobre protección de datos personales que se discute actualmente en el Congreso y los desafíos en materia de cumplimiento que tendrán las organizaciones una vez publicada la ley.
El seminario realizado el pasado 21 de marzo, contó con la participación de Nicolás Yuraszeck, socio de Magliona Abogados; Felipe Fernández, socio adjunto de EY Law, Chile; Javiera Moreno, de ONG Acción Constitucional; y Pablo Contreras, académico de la Universidad Central de Chile.
La apertura del evento estuvo a cargo de Nicolás Yuraszeck, socio de Magliona Abogados, quien se centró en el ámbito normativo del proyecto de ley sobre protección de datos personales, y en su opinión, considera importante los contenidos vinculados a la propuesta que se discute actualmente en la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional. Entre ellas, dice, “está la institucionalidad, donde la OCDE exige que tengamos un régimen administrativo con un órgano administrativo que no se judicialice, de manera de tener una reacción más temprana y eficiente con respecto a materia de datos personales”, explica. Así, lo que propone el proyecto de ley, es la existencia de una agencia de protección de datos personales con” una corporación autónoma, de carácter técnico y derecho público que se va a relacionar con el Presidente de la República a través del Ministerio de Economía”.
Adicionalmente, Yuraszeck constató las sanciones accesorias que están presentes en la iniciativa, como la prohibición de realizar tratamiento de datos personales cuando existe reincidencia en infracciones gravísimas en un periodo de 30 meses, asegurando que “hay una sanción de carácter publicitaria en cuanto habrá un registro de incumplimiento, lo que va a afectar mucho a una empresa desde el punto de vista reputacional”.
Por otro lado, Felipe Fernández, socio adjunto de EY Law, Chile, abordó el marco normativo de la actual ley sobre protección de datos personales. En ese contexto, el abogado detalló que existen complejidades en los casos del mal procesamiento de datos, en la medida que se puedan probar, lo que significa que “las barreras de entrada tanto en costo como en tiempo son muy altas para reclamar; porque hay que contratar a un abogado, hay que ir a un tribunal civil, y probablemente estar litigando por un año a través de un procedimiento sumario”, sumado, argumenta Fernández, que la actual ley no contempla multas y no existe actualmente una regulación ni incentivos en materia de cumplimiento a las empresas.
Javiera Moreno, de ONG Acción Constitucional, también analizó la legislación actual y la propuesta que se discute en el Congreso, señalando que no solo la agencia de protección de datos sea la encargada de buscar las sanciones, sino que también pueda prevenir el mal uso de los datos de las personas, por lo que, en su opinión, “las campañas de difusión son sumamente importantes en este tipo de situaciones”, describe.
Respecto de la creación de la agencia de protección de datos en las empresas, la abogada considera importante que tenga la capacidad de poder solucionar aspectos relacionados a la reducción de la judicialización en materia de vulneración de derechos, siguiendo la línea de Yuraszeck, y que se traduzca en “la exigencia a las empresas de evitar que ocurran brechas de datos en la vulneración y seguridad de protección de datos de la sociedad civil”.
Por último, el cierre del seminario estuvo a cargo de Pablo Contreras, abogado y académico de la Universidad Central de Chile, quien estimó que la probabilidad de que el proyecto de ley se convierta en ley este año, es altísima. Así, para el académico, el gran nudo político y económico del proyecto era justamente la creación de una agencia de protección de datos, por lo que pronostica si se publica la ley, “significa que todos los responsables de tratamiento de datos tienen que empezar a ajustarse para que en dos años más empiece a regir la ley, y en 22 meses empiece a funcionar una agencia de protección de datos”.
Por eso, para Contreras, el desafío será la reorganización de la arquitectura de los flujos de información y el tratamiento de datos en las instituciones, porque será la primera vez que se realiza en el país.
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