La percepción del beneficio requiere que el o la funcionaria se encuentre en servicio a la fecha de su pago, debiendo haberse desempeñado durante todo el mes respectivo.
El pasado 02 de septiembre ingresó a la Cámara de Diputado el Boletín N° 17075-11, el cual otorga una asignación especial técnica del área de la salud, a funcionarios que indica.
El mensaje tiene como finalidad destacar la importancia, en el ámbito de las políticas de salud pública, del personal del estamento técnico que realiza efectiva y permanentemente labores técnicas en salud y que cuente con títulos de nivel superior en el área de salud.
Además, tiene el objetivo de atraer y retener a este personal del área de salud. Al efecto, debe destacarse que las labores de estos servidores poseen un impacto sanitario relevante en el quehacer de las redes asistenciales, donde contribuyen a la promoción, protección y recuperación de la salud de los miles de usuarios y usuarias de los servicios de salud y los establecimientos de salud de carácter experimental.
En virtud de ello, se establece una asignación especial técnica del área de la salud, permanente y exclusiva para los funcionarios que pertenezcan a la planta técnica, que se desempeñen en cargos de planta o a contrata, pertenecientes a los Servicios de Salud señalados en el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N°1, de 2006, del Ministerio de Salud, y que se encuentren en posesión de un título Técnico de Nivel Superior del área de la salud, debidamente inscrito en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud.
Asimismo, se concede dicho estipendio al personal de los establecimientos de salud de carácter experimental.
En ambos casos se deben reunir los requisitos que señala esta iniciativa, entre los cuales se encuentra el desempeñar efectiva y permanentemente, una función técnica en el área de la salud.
La iniciativa establece los montos de la asignación especial técnica en el área de la salud, tanto para el régimen permanente, como durante los doce primeros meses contados desde la entrada en vigencia de la ley.