En el caso en concreto quedo en evidencia que no se ha ejercido la debida y oportunamente las labores de control y fiscalización que la ley le impone en su rol de organismo vigilante y fiscalizador de la actividad regulada.
El 09 de septiembre la Corte de Apelaciones de Santiago en causa rol N° 11132-2024 acogió la acción de protección interpuesta en contra de Enel Distribución Chile S.A. y de la Superintendencia de Energía y Combustibles, debiendo esta última determinar si Enel ha dado debido cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias y a lo dictaminado en su Oficio Ordinario N° 199038, de 8 de noviembre de 2023, en cuanto al cálculo de los consumos domiciliarios del recurrente y los descuentos reconocidos por ésta en su informe; debiendo adoptar las medidas correspondientes según corresponda.
Cabe tener presente que se interpuso una acción de protección contra Enel Distribución Chile S.A. y de la Superintendencia de Energía y Combustibles, argumentando que desde fines del año 2022 ENEL comenzó a emitir boletas de luz con sumas exageradas, acotando que lo normal era un valor de $15.000, $20.000, llegando a cobrar $60.000 y hasta $180.000. Agrega que efectuó múltiples reclamos a dicha empresa, por distintas vías, pero que no le respondieron ni resolvieron su problema. Indica la recurrente que recurrió a la SEC y que demoraron cerca de seis meses en darle alguna solución.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la acción interpuesta en los términos indicados precedentemente, ya que, de acuerdo con el marco normativo se establece la potestad y deber de supervigilancia y control que recae sobre la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sobre las empresas concesionarias del servicio público de que se trata y de las facultades fiscalizadoras que el ordenamiento jurídico le confiere, en aras precisamente del cumplimiento de la función pública que la ley le ha encomendado.
En el caso en concreto quedo en evidencia que no se ha ejercido la debida y oportunamente las labores de control y fiscalización que la ley le impone en su rol de organismo vigilante y fiscalizador de la actividad regulada.