1. En la universidad contemporánea conviven dos ideas en tensión. La mayoría de sus integrantes, por un lado, está de acuerdo en promover la democracia y sus valores y, por el otro, no existe consenso sobre la implementación de instituciones democráticas dentro del quehacer universitario. Si se confía a la universidad la formación ciudadana mediante la promoción de valores democráticos, resulta paradójico que esta función se encomiende a instituciones carentes de estructuras democráticas, o bien, que las poseen de un modo atenuado. He aquí la tensión subyacente.
2. Repensar la democracia en el plano universitario y, en consecuencia, sugerir el establecimiento, fortalecimiento y/o ampliación del carácter democrático de sus instituciones deriva de múltiples factores. Entre ellos aludiré a las presiones externas e internas que actualmente aquejan a la universidades.
Las externas son de carácter social, político y económico. En los últimos años se ve con preocupación cómo, en diversos países, se vulneran algunos de los valores fundamentales que inspiran la universidad, especialmente, la libertad académica y autonomía institucional, v.gr., un caso arquetípico lo constituye la actual administración Trump en Estados Unidos. Asimismo, se ve con inquietud la creciente mercantilización de la universidad a través de propuestas neoliberales que reconceptualizan la educación superior y la investigación científica, entendiéndolas como productoras de mano de obra calificada que cataliza la innovación industrial, de manera que, la universidad se convierte en un recurso estratégico que debiese ser administrado por, y alineado con, los intereses empresariales.
En cambio, la presión interna está centrada en la expansión y difusión de un modelo gerencial. Este sugiere entregar la universidad en manos de una grupo de gerentes cuyas decisiones buscan alcanzar metas de crecimiento, siendo aplicadas bajo un esquema de empleado, cliente y estándar de servicio. La expansión de este modelo gerencial ha mermado las reformas universitarias producidas en Latinoamérica y Europa durante el siglo pasado que habían logrado establecer una representación proporcional de los distintos estamentos de la universidad. Esta situación ha sido fomentada por el creciente gerencialismo estatal, las fuerzas del mercado y el favorecimiento de la “elección del consumidor” en la toma de decisiones colectivas. Ejemplifica este escenario en la universidad australiana Jean-Paul Cagnon y en la universidad finlandesa M. Poutanen, T. Tomperi, H. Kuusela, V. Kaleva y T. Tervasmäki.
3. Estas presiones externas e internas ponen a prueba la institucionalidad universitaria en todas sus facetas. Por lo mismo, una propuesta dirigida a democratizar el gobierno universitario debe tener presente, al menos, dos consideraciones. Primero, la participación popular en el gobierno universitario no debe necesariamente ser equivalente a la participación democrática en un estado. Y, segundo, la justificación de un derecho de todos los miembros de la universidad a participar en la toma de decisiones debe estar vinculada con los propósitos tradicionalmente vinculados a la universidad como son la enseñanza y la creación de conocimiento.
4. A partir de estas consideraciones, un primer desafío está en no olvidar que cualquier modelo de gobierno universitario debe facilitar la toma de decisiones racionales en relación con los propósitos universitarios y un segundo reto está en mostrar cómo el establecimiento de un gobierno universitario democrático contribuye o puede contribuir a la enseñanza y/o a la creación de conocimiento. Revisemos ambos brevemente.
Respecto del primero, siguiendo una visión aristotélica, un modelo democrático entregaría decisiones de mayor calidad, porque una mayor participación efectiva de todos los miembros de la comunidad universitaria en la toma de decisiones mejora su calidad a través de la contribución de las diversas perspectivas de los miembros que contribuyen a los fines de la universidad de distintas maneras. Por ejemplo, más allá de los académicos, los estudiantes están en buena posición para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y, a través de su experiencia en cuestiones financieras y de suministros e infraestructura, los administrativos proporcionan un conocimiento clave para la toma de decisión. Además, la voluntariedad y aceptación de las decisiones adoptadas, constituye un beneficio democrático adicional, porque al exponer la complejidad de las materias y explicitar las diversas consecuencias de las decisiones, se genera un mayor compromisos y fidelidad de quienes participan en su adopción.
En relación con el segundo desafío, es posible asumir que la universidad inculca y promueve los valores democráticos que inspiran nuestras sociedades contemporáneas mediante la entrega de contenidos teóricos, filosóficos e históricos sobre la democracia. Sin embargo, esto resulta insuficiente tomando en cuenta las nuevas amenazas a la democracia y la universidad. Por ello, la universidad no solo debe enseñar a los ciudadanos materias de la ciudadanía y el liderazgo democráticos, sino más bien debe crear entornos seguros que posibiliten un “diálogo vivo” entre sus miembros y una efectiva (no simbólica) participación de sus integrantes en la toma de decisiones.
En este sentido, en los últimos años, Michael Sandel ha enfatizado la importancia de generar en las universidades instancias de debate público coherente sobre cuestiones importantes. Considera que es necesario entregar espacios que permitan deliberar de manera activa, presentar razonamientos y educar en la tolerancia. La educación cívica de nuestros estudiantes comprende el arte de escuchar y entender las razones y principios detrás de las opiniones de otros en un contexto de civismo y respeto mutuo, especialmente, respecto de las opiniones que no están en de acuerdo. Por ello, una ciudadanía y una educación democrática vigorizan el discurso público, pero este tipo de aprendizajes no es teórico, sino más bien práctico.
En la misma línea, y con casi cincuenta años de diferencia, Dennis Thompson y Daniel Levy sugieren las ventajas de una mayor democracia en la universidad. Las instancias de participación dentro de la universidad pueden entregar un espacio verdaderamente democrático. Este serviría como modelo e impulso para las democracias a nivel nacional a través de generar una socialización política positiva hacia las normas democráticas, la participación, la confianza, la tolerancia, la práctica de la negociación y el compromiso. En pocas palabras, una cultura política democrática expande el rango de ideas de un individuo incentivándolo a considerar los intereses públicos más que los privados.
5. Por consiguiente, si bien no siempre las instituciones y discusiones universitarias presentan los valores o ideales recién aludidos, parecen haber buenas razones para impulsar y promover instancias de participación y decisiones democráticas dentro del quehacer universitario. La universidad tiene la responsabilidad de desarrollar las capacidades para la ciudadanía de sus miembros a través de su práctica efectiva, no únicamente mediante el discurso teórico.
En definitiva, para desempeñar a cabalidad su rol dentro de nuestras sociedades, las universidades contemporáneas necesitan no solo enseñar democracia, sino practicarla en sus propios gobiernos.
