La Ley N° 21.796 define los ingresos, gastos y autorizaciones financieras que regirán al sector público chileno durante el año 2026, incorporando límites al endeudamiento, normas de control del gasto y obligaciones reforzadas de transparencia.
El Congreso Nacional aprobó la Ley N° 21.796, publicada el 12 de diciembre de 2025 en el Diario Oficial, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Sector Público para el año 2026. La norma establece un presupuesto total de ingresos y gastos por $98.173.137.392, fija las principales partidas de gasto público y define las autorizaciones legales para endeudamiento, transferencias y uso de recursos fiscales, configurando el marco financiero del Estado para el próximo ejercicio.
El texto legal se estructura sobre la base del artículo 1, que aprueba el presupuesto consolidado, detallando ingresos tributarios, rentas de la propiedad, transferencias, endeudamiento y gastos en personal, seguridad social, inversión y servicio de la deuda. Junto a ello, la ley incorpora reglas específicas sobre contratación de personal, límites a la reposición de funcionarios, mecanismos de control del gasto corriente y exigencias de información periódica a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Se refuerza, además, la obligación de transparencia activa y de reporte trimestral por parte de ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y empresas del Estado.
Desde el punto de vista jurídico-presupuestario, la ley autoriza al Presidente de la República a contraer endeudamiento interno y externo dentro de los márgenes fijados en sus artículos 2 y 3, incluyendo la posibilidad de otorgar garantía estatal a créditos de empresas públicas y universidades estatales, bajo condiciones expresamente reguladas.
Asimismo, se establecen restricciones al incremento del gasto en personal y bienes y servicios, sujetándolo a autorización legal conforme al decreto ley N° 1.263, de 1975, y se fijan reglas especiales para licitaciones, transferencias de capital y ejecución de proyectos de inversión.
