Ocho proyectos de inversión continúan pendientes de revisión ante el Comité de Ministros, acumulando una cartera superior a los US$5.000 millones vinculada a iniciativas de energía, minería, infraestructura y desarrollo inmobiliario.

Según un análisis de la consultora Smart Compliance, el actual gobierno ha acelerado la resolución de reclamaciones ambientales acumuladas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, logrando destrabar cerca del 40% de la inversión que permanecía detenida.

El estudio sostiene que la estrategia del Ejecutivo ha estado marcada por convocatorias más frecuentes del Comité de Ministros y por una revisión más rápida de expedientes heredados de administraciones anteriores.

Entre los proyectos aún pendientes destaca Volta, iniciativa de hidrógeno y amoníaco verde impulsada por Volta Hidrógeno SpA, que contempla una inversión estimada de US$2.500 millones.

También figura la línea de transmisión HVDC Kimal-Lo Aguirre, considerada estratégica para el transporte de energías renovables a nivel nacional y valorizada en US$1.480 millones.

Otros proyectos en espera corresponden al terminal portuario Copiaport-E, el parque solar Tamarico Fase II, el desarrollo inmobiliario Urbanya Etapa 1 y el proyecto minero Ciclón Exploradora, entre otros.

El análisis advierte que, pese a la mayor rapidez administrativa, varias de estas iniciativas podrían seguir enfrentando controversias judiciales o reclamaciones ante tribunales ambientales.

Desde Smart Compliance señalan que gran parte de los expedientes revisados ya habían sido analizados previamente, por lo que el actual gobierno estaría principalmente acelerando decisiones pendientes más que evaluando proyectos completamente nuevos.

En términos de antigüedad, uno de los casos más extensos corresponde a Copiaport-E, proyecto que ingresó al sistema ambiental en 2020 y que aún espera una definición definitiva.