Cada año, el Día del Juez suele ser ocasión para discursos institucionales, saludos protocolares y referencias a la relevancia de la judicatura dentro de un Estado de derecho democrático. Pero esta vez cuesta restringirse únicamente a eso. Hay demasiado daño producido. Y, al mismo tiempo, demasiada necesidad de no desperdiciar la oportunidad que una crisis de esta magnitud puede ofrecer.
Porque la crisis derivada del denominado caso audios y de todo aquello que fue apareciendo después, como una especie de caja de resonancia institucional, no solo golpeó nombres concretos o trayectorias individuales. Golpeó algo bastante más delicado: la percepción de independencia, integridad y corrección de una función que exige, precisamente, confianza. Y ello ocurre en un contexto especialmente complejo para América Latina y también para Chile, donde los índices de confianza ciudadana respecto del Poder Judicial vienen mostrando desde hace años cifras preocupantes, muy distantes de aquello que una democracia sólida requiere para funcionar adecuadamente.
La cuestión es particularmente sensible porque el juez no administra únicamente casos. Administra, también, expectativas de imparcialidad. De ahí que la independencia judicial no pueda ser reducida a una mera consigna corporativa ni a un privilegio funcional de juezas y jueces. Se trata de una garantía de la ciudadanía. Una garantía para quien reclama, para quien se defiende, para quien litiga frente al poder económico o político, y para quien espera que su conflicto sea resuelto conforme al derecho y no conforme a cercanías, favores, influencias o redes informales de poder.
Por eso resulta indispensable comprender que esta crisis no puede agotarse en sanciones individuales ni en ejercicios episódicos de indignación pública. El verdadero desafío es institucional. Y precisamente ahí aparece la oportunidad. Una oportunidad seria para revisar de manera profunda el sistema de nombramientos, ascensos, traslados y cesaciones dentro de la judicatura chilena. Una oportunidad para abandonar zonas grises, dinámicas opacas y prácticas que durante demasiado tiempo convivieron bajo una especie de normalización silenciosa.
A propósito de un proyecto en trámite urge avanzar hacia mecanismos de designación y promoción blindados frente al tráfico de influencias y frente a la indebida injerencia política. No porque la política sea ilegítima en democracia, sino porque la dependencia, la sospecha o la captura terminan erosionando aquello que constituye el corazón mismo de la función jurisdiccional: decidir con autonomía, sin presiones y únicamente sometidos al imperio del derecho.
Ello exige discutir con seriedad una verdadera carrera judicial. Una carrera diseñada con reglas claras, objetivas y verificables; con procedimientos transparentes; con criterios públicos de evaluación; con límites efectivos a la discrecionalidad; y con controles institucionales capaces de inmunizar el sistema frente a presiones externas o internas. No basta con proclamar independencia judicial. Hay que construir condiciones reales para que esa independencia exista y pueda sostenerse incluso en contextos adversos.
Durante demasiado tiempo se toleró una cultura excesivamente cerrada, poco transparente, hasta oscurantista. Una cultura que terminó facilitando espacios impropios y que condujo al Poder Judicial a escribir páginas vergonzosas de su historia reciente. Y justamente por eso, porque el daño ha sido profundo, la respuesta no puede consistir en simples ajustes cosméticos ni en declaraciones institucionales.
La legitimidad social de la judicatura se reconstruye lentamente. Se reconstruye con reglas, con transparencia, con ejemplaridad y también con prudencia institucional. Pero, sobre todo, se reconstruye entendiendo que no hay seguridad jurídica posible ni previsibilidad razonable de las decisiones si la ciudadanía sospecha que detrás de ciertos nombramientos, ascensos o destinos existen factores distintos al mérito, la capacidad y la correcta aplicación de la ley.
Chile necesita juezas y jueces independientes. Y requiere que esa independencia sea visible, perceptible y constatable. Necesita una judicatura protegida frente a presiones políticas, económicas o corporativas. Necesita reformas legales y eventualmente constitucionales que cierren espacios a interferencias indebidas, a favores cruzados y a cualquier mecanismo informal de influencia que termine debilitando la confianza pública.
Quizá, entonces, el verdadero sentido de este Día del Juez no consista únicamente en homenajear una función indispensable para la democracia. Quizá el desafío sea bastante más exigente: asumir con honestidad la profundidad del daño y entender que las crisis institucionales, por dolorosas que sean, también pueden transformarse en oportunidades excepcionales para corregir aquello que durante demasiado tiempo se toleró. Hacemos votos para que los poderes colegisladores estén a la altura de esta responsabilidad, y abandonen por un minuto la calculadora del poder. ¿Resulta utópico esperar esto? Probablemente. ¿Podemos renunciar a esperarlo? Nunca.
