Cada mes de mayo, la comunidad jurídica chilena recuerda en distintos espacios dos fechas relacionadas. El 15 de mayo se conmemora el día de las y los jueces, para recordar la histórica designación de los primeros magistrados de la república en 1818, rindiendo homenaje a quienes asumen la alta responsabilidad del ejercicio de la potestad jurisdiccional en el estado de derecho. Días después, el 21 de mayo, se celebra a las y los abogados, en recuerdo del capitán Arturo Prat Chacón, quien antes de pasar a la historia por su gesto heroico de Iquique, juró como abogado en 1876, siendo entonces una figura en que para muchas personas se conjuga el servicio a la patria con el sentido de la justicia.
Ambas fechas entregan la oportunidad de reflexionar sobre la profesión jurídica en alguno de los tantos espacios en que se requiere el derecho y la responsabilidad que tenemos en el mundo de 2026. Desde la academia formadora de nuevas generaciones de profesionales hasta la actuación en el estado y los gobiernos; el mundo legislativo; la diplomacia local o global; la economía, el comercio y los negocios, hasta la seguridad pública y ciudadana y, por supuesto, la participación en la relevante labor de impartir justicia.
Además, en tiempos de críticas a los discursos y narrativas identitarias que tensionan avances importantes en la garantía de muchos derechos; de irrupción de tecnologías y transformación de tantos espacios laborales, y ante el riesgo de voces que pretendieran reducir la función jurídica a una mera técnica de litigación o a una práctica procedimental, parece imperativo seguir reivindicando la naturaleza del derecho, dentro de las ciencias sociales, como una disciplina científica y, desde esa mirada, reflexionar sobre la profesión jurídica, particularmente en relación a la gravitante tarea de impartir justicia.
La labor jurídica exige un método riguroso de interpretación sistemática, análisis de dogmática jurídica y evaluación empírica de los fenómenos sociales. Por su parte, las personas que han optado por la magistratura no son simples aplicadores de normas; la función jurisdiccional rigurosa requiere una comprensión científica del contexto social e institucional y de conocimiento de excelencia para la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico y sus fuentes nacionales e internacionales. Diagnosticar las ausencias en el derecho, las deficiencias en el acceso a la justicia o determinar la interpretar debida a la luz de los estándares de derechos humanos que Chile está obligado a respetar, demanda rigurosidad de la formación jurídica y, también, un ejercicio intelectual que se nutra de la investigación jurídico-social aplicada. Por ello, el derecho y sus propios métodos debería dialogar permanentemente con la ciencia política, la gestión pública y tantos otros saberes que pueden fortalecer la legitimidad técnica y democrática de tantas decisiones que impactan la vida de personas y pueden ayudar (o debilitar) la cohesión social. Desde las medidas cautelares que deban implementarse ante hechos de grave connotación pública, hasta la debida articulación entre organismos para garantizar la seguridad de una mujer y sus hijos en caso de violencia por el padre, pasando por la definición de normativas o planes de implementación de ellas. Sólo por citar situaciones en que la ciudadanía pone, con legítima esperanza, su expectativa en el derecho: en quienes lo imparten y en cómo lo ejercen.
En este planteamiento, la ciencia jurídica necesitaría superar la mirada fragmentada de las instituciones. Es ese el horizonte en que cobra relevancia la idea de “ecosistema de justicia”. Lejos de entender la administración de justicia como la labor solo de los tribunales, de forma aislada, pensar de esta forma supone asumir que hay una red interrelacionada y sistémica de actores y organismos, públicos y privados, que intervienen de forma directa o indirecta en los procesos de aplicar el derecho, administrar justicia y resolver conflictos.
Bajo este paradigma, el poder judicial, el ministerio público, las defensorías, las corporaciones de asistencia judicial, las policías, los servicios de protección a la niñez, las instituciones que forman en derecho y, por cierto, las y los abogados litigantes, forman parte de un mismo sistema de gestión. Este sistema se conforma por los contenidos (como las políticas institucionales o las normativas en que se encuentran los principios que deben guiar el actuar), los continentes (como las instituciones en que se aplica el derecho día a día con impacto en la vida de personas en las cuales es clave la densidad y coherencia interna) y las prácticas (como los modos, los estilos o las acciones concretas que permean hacia dentro y hacia afuera de cada organización).
Esta triada de componentes debe estar integrada en cada espacio en que se despliegue el derecho para identificar y detener posibles barreras en la respuesta de la ciencia jurídica en sus diferentes roles y, de forma especial, cuando se trata de impartir justicia. Es bueno recordarlo a propósito de las efemérides y saludos de mayo, y la oportunidad que entregan de pausar y reflexionar sobre la profesión jurídica.
Referencia: https://protocolo.fondefgeneroudec.cl/
