La acción constitucional no constituye una instancia para reexaminar los antecedentes que sustentaron la destitución, vinculada a la prestación de servicios a otro organismo público durante periodos de licencia médica.
El pasado 19 de junio, la Corte Suprema, en causa Rol N° 3.524-2026, confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica que rechazó el recurso de protección deducido en contra de la Contraloría General de la República y de la Municipalidad de Arica.
La acción cuestionó la Resolución Exenta N° E17214, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por el recurrente, y el Decreto Alcaldicio N° 5.040, mediante el cual se confirmó su destitución del cargo de Jefe del Departamento de Recursos Humanos. El actor alegó vulneración de garantías constitucionales y sostuvo que la sanción fue aplicada sobre hechos prescritos, con fundamentos erróneos, durante un periodo electoral y sin considerar antecedentes médicos y administrativos relevantes.
Indicó que el procedimiento disciplinario se inició en marzo de 2022 y que los cargos fueron formulados en junio de 2024 respecto de hechos ocurridos entre 2019 y 2021. Estos se vinculaban con la prestación de servicios al Gobierno Regional de Arica y Parinacota durante periodos de licencia médica y con actividades realizadas en un contexto de teletrabajo y flexibilidad de jornada durante la pandemia.
Al rechazar el recurso, la Corte de Apelaciones descartó la existencia de ilegalidad o arbitrariedad. Señaló que parte de los argumentos sobre prescripción no habían sido alegados oportunamente en el procedimiento disciplinario y sostuvo que, atendida la naturaleza de los hechos imputados, resultaba aplicable un plazo de prescripción de cinco años.
Asimismo, desestimó la alegación de falsa fundamentación al constatar la existencia de antecedentes relativos a la denuncia penal y su remisión al Ministerio Público. También rechazó los cuestionamientos vinculados al contexto electoral y a la omisión de antecedentes médicos, considerando que estos últimos no fueron incorporados oportunamente en los descargos administrativos.
En definitiva, concluyó que el recurso buscaba una nueva revisión del mérito de los antecedentes que sustentaron la destitución, cuestión ajena al recurso de protección, estimando que durante el procedimiento se respetó el debido proceso.
Corte Suprema Rol N° 3.524-2026
