La exención de este pago, según el proyecto de ley, sería por cinco años o por el período en que se desarrolle el ilícito.
El pasado 18 de mayo ingresó al Congreso el Boletín N° 14.999-07, proyecto de reforma constitucional que establece una exención transitoria para el pago del impuesto territorial de inmuebles, en favor de las víctimas propietarias de bienes raíces que hayan sido objeto de los delitos que indica.
Con esto, se pretende establecer una exención por un periodo de cinco años del pago del impuesto territorial de contribuciones de bienes raíces en favor de las víctimas del delito de incendio y, la suspensión del pago de este, aplicable a los casos de ocupación y usurpación de inmuebles por el periodo en que desarrolle el ilícito, para quienes sufren estos problemas en todo el país, pero especialmente los habitantes de la Macrozona Sur.
Según el proyecto, se busca evitar que el Estado recaude por el pago de contribuciones de propiedades usurpadas por un tercero, siendo el deber del Estado proteger la propiedad de las familias chilenas e impedir que estos tristes hechos sigan ocurriendo en nuestra sociedad.
El contexto actual, como dice la propuesta, muestra que hoy existen verdaderas «tomas» en los bienes inmuebles que el propietario no puede utilizar. Sin embargo, dicho propietario tiene el deber legal de pagar todas las contribuciones por dicha propiedad, bajo apercibimiento de perder la propiedad sobre el bien inmueble por no pago del impuesto territorial.
De esta manera, el proyecto introduce a la Constitución Política de la República una disposición transitoria, en la que se señala que quedarán exentos del pago del impuesto territorial de contribuciones por un periodo de cinco años, los bienes inmuebles de todo tipo, agrícolas o no agrícolas respecto de las propiedades afectadas por el delito de incendio, una vez acreditado el ilícito y la participación de terceros.
Adicionalmente, el proyecto plantea que se suspenderá el pago del impuesto territorial de contribuciones de todo tipo de bienes inmuebles, agrícolas o no agrícolas, en los casos de usurpación u ocupación de estos.
Finalmente, indica que la suspensión del pago de contribuciones comenzará a regir desde la fecha de la ocupación o usurpación del inmueble y persistirá por todo el periodo en el que se desarrolle el ilícito.
Este proyecto fue iniciado en moción por los senadores Manuel José Ossandón, Carmen Gloria Aravena, María José Gatica, Juan Castro y Kenneth Pugh.