La ley beneficiará a familias que buscan acceder a una vivienda, acortando los tiempos de espera de los comités.
Este 27 de mayo, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.450 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la ley sobre Integración Social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional.
Con esta nueva legislación se busca que la cartera de vivienda, atendida la necesidad de realizar una renovación integral de sectores afectados por un elevado déficit habitacional cuantitativo o cualitativo y una fuerte segregación urbana, impulse procesos de integración e inclusión social, mediante la regeneración de barrios o de conjuntos habitacionales de viviendas sociales.
La Ley contempla la elaboración de un Plan Maestro de Regeneración, en conjunto con la. Comunidad y la municipalidad, compuesto por acciones y obras tendientes a dar respuesta a las problemáticas diagnosticadas, mediante la rehabilitación, construcción o reconstrucción de viviendas; la dotación de equipamiento comunitario y áreas verdes; el mejoramiento del estándar de urbanización; la gestión de la movilidad habitacional y la organización comunitaria, entre otras.
Este Plan deberá ser elaborado durante el primer semestre de 2022 y presentado al Congreso Nacional. Asimismo, deberá contemplar objetivos y metas anuales por región y comuna. En la elaboración del Plan de Emergencia Habitacional, el Ministerio deberá tener presente los antecedentes y propuestas que efectúen los gobiernos regionales y municipios.
De esta manera, el Ministerio podrá destinar una parte de los recursos anuales del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, o aquel que lo reemplace, para financiar estudios preliminares y/o la adquisición de terrenos por parte de los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización, y así promover la integración urbana de las familias ubicadas en el tramo del 40% más vulnerable de la población.
En materia de gestión de suelo para la integración social y urbana, se incluyen normas especiales destinadas a enfrentar el actual déficit habitacional, relacionadas con la adquisición y gestión de suelo.
Por otra parte, la Ley establece un rol clave de municipios y Gobiernos Regionales en el resguardo y promoción de la Integración Social y Urbana, quienes deberán incorporar disposiciones que resguarden o incentiven la construcción de viviendas de interés público, apuntando a que cada plan regulador se haga cargo del desafío de planificar el territorio comunal o intercomunal con estos criterios.