Badenier, además, distingue sobre la implementación de los sistemas de compliance respecto a los tamaños de empresas, asegurando que en las pequeñas o medianas pueden tener implicancias distintas desde el punto de vista de los costos de su implementación.
Para profundizar sobre este tema, en Actualidad Jurídica conversamos con Pablo Badenier, ex ministro del Medio Ambiente y cofundador de País Circular, acerca de la importancia de tener sistemas de compliance en las organizaciones y la relación que tienen con los instrumentos de gestión ambiental.
¿Qué elementos deben tenerse presente al momento de aplicarse el compliance ambiental a los diversos sectores productivos?
Lo que sostengo para una implementación exitosa de esta herramienta, es que deben tratarse de manera diferenciada los sectores productivos y tamaños de empresas dentro de los sectores productivos. Eso, a modo de que la implementación sea exitosa y que sea más exigente con los sectores que probablemente tienen más externalidades negativas, y con las empresas que requieren mejores procesos de compliance del punto de vista de que sean más completos.
Dentro de aquello, del punto de vista ambiental, creo que son muy significativos los sectores que trabajan directamente con recursos ambientales, me refiero a la minería, al sector forestal y al sector pesca. Esos sectores, deben tener procesos de compliance mucho más estrictos del punto de vista ambiental, en el sentido que explotan, trabajan o dependen de un recurso natural de manera mucho más directa. Lo mismo diría con otros sectores productivos que generan altos impactos pensando en la infraestructura, proyectos inmobiliarios y proyectos del sector de la agricultura. Básicamente, del punto de vista ambiental, estos seis sectores son muy relevantes y por lo tanto veo un campo fértil para poder implementar de manera sistemática esta herramienta. Y por supuesto, distingo tamaños de empresas, muchas veces las empresas que son más entusiastas con este tipo de herramientas olvidan que hay empresas que pueden ser muy pequeñas o medianas, y que obviamente tiene implicancias que son relevantes del punto de vista de los costos de implementación que tiene este tipo de herramienta.
En cuanto a esas pequeñas y medianas empresas, ¿qué dificultades pueden tener a la hora de implementar sistemas de compliance?
Creo que podría haber problemas a la hora de implementar, por ejemplo, recursos humanos capacitados. Esto requiere de un recurso humano que sea capaz de diseñar procesos, monitoreos, fiscalización, atender denuncias. Por lo tanto, ahí hay una dificultad, pero no una dificultad para que no se implemente sino solamente para tenerlo en cuenta a la hora de implementarlo. Lo segundo, el manejo y el flujo de la información de sus procesos y de su industria. Tiendo a pensar que las empresas más pequeñas no tienen cuantificado ni caracterizado ese flujo de información.
¿Qué relación existe entre el compliance ambiental y el principio precautorio?
Desde un punto de vista conceptual, me resulta muy interesante del derecho ambiental, que todos nuestros instrumentos han estado gobernados por el principio preventivo, es decir, un riesgo que se conoce, que se vive y que se puede gestionar. No obstante, en la medida que el conocimiento ha ido evolucionando, creo que estos instrumentos van a estar mucho más gobernados por un principio precautorio. Es decir, gestionar un riesgo que probablemente no conocemos del todo, no sabemos medir y que, en compliance, como herramienta de gestión de riesgo, también tiene que abrirse a gestionar aquello; insisto, que no conocemos del todo. Probablemente existan nociones pero que tienen variables que no conocemos. Creo que el cambio climático es un muy buen ejemplo, a medida que vamos conociendo y aprendiendo del cambio climático, lo que vamos conociendo es que al final no tenemos toda la información. Por lo tanto, tenemos que abrirnos a comprender el principio precautorio en esa dimensión.
¿Cómo se relacionan los instrumentos de gestión ambiental con el compliance ambiental en las empresas?
El instrumento de gestión por excelencia en nuestro país es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que se ha hecho más complejo pero que también ha significado que, no basta con solamente obtener la resolución de calificación ambiental pensando en proyectos de larga vida útil que obtienen su resolución de calificación en un año determinado, probablemente tienen que implementar sistemas de monitoreo para verificar el cumplimiento y chequeando ese cumplimiento. En la verificación del cumplimiento y en el instrumento es bien importante, pienso, las herramientas vinculadas al compliance porque la experiencia nos ha dicho que muchas veces hay impactos ambientales no previstos, modificaciones de proyectos que son relevantes del punto de vista del seguimiento de un riesgo o de un impacto. Es ahí donde creo que el compliance ambiental tiene una relación y puede convivir perfectamente con un instrumento de gestión ambiental, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
¿Y cómo contribuye esto a la reputación empresarial?
Tiene una relación positiva, es parte de un círculo virtuoso que se va retroalimentando este instrumento con herramientas de compliance, porque obviamente esto es bastante dinámico. Insisto, con proyectos que tienen una larga vida útil que a veces obtienen una resolución de calificación ambiental, pero con proyectos que duran 20, 30 años o incluso una vida útil indefinida. Es ahí donde creo que las herramientas de compliance ambiental son relevantes.
¿Cómo ha evolucionado la importancia de los temas medioambientales en los últimos años?
Creo que hoy día tiene una importancia relativa mayor las variables ambientales en los negocios y en las actividades productivas. No lo digo solamente por la preocupación permanente que tiene el mundo de las empresas, del punto de vista de la seguridad jurídica y el otorgamiento de permisos. Creo que tiene una importancia mayor porque hoy día la opinión pública pesa, importa, y al ciudadano común y corriente le importa mucho más las variables ambientales que lo que les importaban antes. Por lo tanto, creo que la manera genuina donde las empresas se relacionan con los temas de sostenibilidad, el ciudadano es bastante agudo y es capaz de percibir donde hay green wash y donde hay empresas que tienen internalizados los criterios de sostenibilidad.
En ese sentido, ¿cree que se ha logrado traspasar el debate más allá de los especialistas?
A mí, en buena hora, me ha parecido que los temas de sostenibilidad tienen una amplitud que sobrepasa la expertis que podamos tener algunos técnicos vinculados a la materia. Creo que hoy día, por ejemplo, importan los patrones de consumo de los ciudadanos, importa el control de externalidades que puedan tener distintas actividades productivas, y creo que también el consenso a la hora de diseñar e implementar políticas públicas por uno o por otro gobierno.
¿Cómo observa la agenda legislativa actual respecto al compliance medioambiental?
En términos generales encuentro que hay una agenda legislativa muy pobre por parte del ejecutivo. No se conoce aún, proyecto de ley alguno con la iniciativa del ejecutivo. Sí hay proyectos de mociones parlamentarias que han sido tramitados y que avanzan en su tramitación. Hay un proyecto que al menos yo sigo con mucho interés que es el proyecto que de alguna manera define y también penaliza el green wash, como una mala práctica que puedan tener algunas empresas. Reitero, del punto de vista de no ser genuino, que su producto o que su proceso productivo es un servicio “amigable con el medio ambiente” o que toma en cuenta las variables ambientales.
Hay proyectos como la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que están actualmente en tramitación…
Ese es un proyecto muy esperado, muy complejo, que lo inició la ex presidenta Michelle Bachelet en su segundo periodo, cuando yo era ministro de Medio Ambiente. Pero no ha tenido una tramitación tan rápida y expedita como se ha querido, pero al menos ni el ejecutivo anterior ni el actual ha retirado de tramitación legislativa ese servicio y no me cabe duda que es la gran prioridad que debería tener el gobierno, básicamente porque hay una institucionalidad que tiene que ver con crear un servicio para administrar las áreas protegidas en Chile, que no es más ni menos que el 20% de nuestro territorio nacional, y que requiere una administración mucho más especializada que la que hoy día puede prestar la Conaf.
Además, por áreas protegidas hoy día lo que está plasmado en el proyecto de ley es una concepción mucho más amplia. Ya no estamos hablando solamente de áreas terrestres, parques ni reservas nacionales, sino un concepto mucho más amplio donde hay áreas protegidas que son marinas, terrestres, públicas y privadas, y que tienen distintos objetivos dentro de estas categorías de áreas protegidas.