El presupuesto indispensable para la modificación de la decisión administrativa en sede judicial consiste en la constatación de contrariedad a derecho en el obrar de la Administración, exigencia que, en la especie, no fue satisfecha.
Los contratos de salud deben conformarse a las normas vigentes, más aún cuando el ajuste tiene por objetivo resguardar la garantía constitucional de la igualdad.
Es improcedente que el empleador, a su arbitrio, incorpore actividades que no se encuentran contratadas ni han sido asignadas como alternativas o complementarias de la función principal.
Toda denuncia por infracción a la Ley N° 20.730 debe tramitarse mediante un procedimiento que otorgue al denunciado la posibilidad de presentar descargos y, si corresponde, abrir un período de prueba.
En conversación con Actualidad Jurídica: El Blog de DOE, la socia de FerradaNehme, Carola Salamanca, especializada en derecho ambiental, analiza la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que busca agilizar procedimientos y otorgar mayor certeza jurídica.
La acción intentada buscaba impugnar la aplicación de la Ley N°21.772 y no una infracción al derecho a desarrollar actividades económicas en los términos protegidos por el amparo económico.
La Tercera Sala estimó que la acción de protección no era la vía idónea para discutir la Ordenanza Municipal N°005, que fijó horarios diferenciados para locales de expendio de alcohol en el centro de Calama.
La Cuarta Sala reconoció relación laboral entre una trabajadora y la Municipalidad de San José de Maipo. El fallo declaró injustificado el despido y ordenó el pago de indemnizaciones, feriados y cotizaciones adeudadas.
