Hace algunos días, una voz oficial comunica al país que somos menos pobres que hace 2 años, que hace 10 y que también hace 40. La Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024 ha sido publicada y con todos los cambios y ajustes técnicos y metodológicos que ha experimentado desde 1987, presenta un panorama global de persistente disminución de los indicadores de pobreza y extrema pobreza, sea esta por ingresos o multidimensional, a nivel nacional y regional.
Lo que también aparece inalterable, según los datos de esta encuesta, es que “las pobrezas” se expresan distinto según territorios y ciertos grupos o sujetos sociales. Es el caso de las mujeres y la niñez. Persistentemente, en cada serie de la CASEN y con cualquiera de las metodologías con las que se estime, las mujeres son más pobres que los hombres y los niños, niñas y adolescentes son más pobres que las personas adultas. Que los hogares con niños son más pobres que los demás, que los hogares más pobres son aquellos con jefatura femenina y que en los hogares más pobres los y las jefas de hogar son más jóvenes y tienen menos escolaridad relativa. También el estudio refleja que hay más pobreza en personas y hogares con pertenencia indígena y entre aquellos nacidos fuera del país.
Tendremos que esperar algunas semanas para acceder a reportes y análisis más sofisticados de pobreza y desigualdad cuando sea posible cruzar datos entre las categorías principales ya informadas por la CASEN estos primeros días del año y así el mundo académico, profesional, de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan cotidianamente con estas realidades y sujetos, pero sobre todo los responsables del diseño de políticas públicas y tomadores de decisiones políticas y legislativas afinen la mirada y acierten con las estrategias e instrumentos que permitan enfrentar más decisivamente los rezagos persistentes de nuestra sociedad.
Es cierto que este ritual de revelación oficial de las cifras de pobreza tiene lugar cada dos años y para muchos puede parecer una mera rutina tecnocrática de la administración, pero también es cierto que en ciertos momentos se ha constituido como espacio propicio para ir más lejos en los debates y reflexiones de fondo que la sociedad debe acometer. Así fue en la medición de 1990, cuando se retomaba la democracia como sistema político en Chile (y casi la mitad de la población se encontraba bajo la línea de pobreza); cuando a fines de esa década se vivía una importante crisis económica mundial que afectó más a los más pobres de cada sociedad y así se reflejó en las mediciones de 1998 y 2000 poniendo en debate la fragilidad de las economías abiertas en países emergentes como el nuestro. Así fue como en 2002, cuando las cifras de extrema pobreza se mostraban inmutables desde 1996, en torno a un 5,7% y entonces se emprendieron importantes políticas y legislación para la protección social de las familias más pobres del país (Chile Solidario) y se establecieron por primera vez políticas fiscales anticíclicas que hasta hoy se sostienen e implementan como políticas de Estado. En 2009, las cifras de la CASEN reflejaban indubitables los efectos de la gran crisis financiera internacional que hizo tambalear mundialmente los pilares del sistema económico financiero y cuya solución demostró, entre otras cosas, que el mercado no se sostiene sin estados fuertes que junto con concurrir al salvataje debe constituir sistemas de protección social vigorosos que provean estándares dignos de subsistencia frente a la crisis y garantice umbrales de derechos al bienestar; es la época de las reformas previsionales que avanzan en medio de alternancias en el poder y que en período de crisis sanitaria se refuerzan y consolidan.
Podría ser este un momento de debate y reflexión profunda que, a propósito de los datos de la CASEN 2024, movilice al país y sus instituciones democráticas a reforzar convicciones y consensos sobre lo imprescindible que es para la convivencia, la cohesión social y la seguridad en todas sus formas que los grupos sociales históricamente rezagados, discriminados y excluidos tengan acceso a sistemas reforzados de protección social y derechos.
Desde el proyecto Fondecyt Regular N° 1251915, sobre Justicia, Género y Niñez, nos hemos propuesto investigar, desde una perspectiva interdisciplinaria, situada y comparada las diversas barreras que persisten para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la nueva ley de violencia integral. La violencia simbólica y la violencia institucional son comprendidas en esta ley como categorías de violencia integral. La pobreza severa es también expresión de estas categorías de violencia intangible y proponemos avanzar en la medición de indicadores de justicia entre las dimensiones de pobreza multidimensional que considera la medición oficial de pobreza en Chile y América Latina.
