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Tanto la Subsecretaría de Transportes como el CPLT incumplieron lo dispuesto en la Ley N° 20.285, al no notificar sobre la solicitud de acceso a la información.
La Seremi de Salud determinó la existencia de un caso calificado derivado de la crisis hídrica, lo cual permitiría tolerar una asignación menor de agua.
Parte del acuerdo alcanzado con los sindicatos del Banco Santander fue no solamente una indemnización por años de servicios sin topes, sino que también que en caso de que el despido fuera declarado injustificado.
La prescripción queda sujeta al plazo de 5 años estatuido en el texto anterior del artículo 18 de la LGUC, y a la época de presentación de la demanda, aquel lapso había expirado.
La recurrida han contrariado los principios básicos de todo procedimiento, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º de la ley N° 19.880.
La Secretaría Regional Ministerial de Salud tiene la obligación de control, supervigilancia y fiscalización de los mismos, por lo que ninguna ilegalidad se observó.
Si en el proceso administrativo transcurren dos calificaciones funcionarias sin que el investigado haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de la prescripción como si no se hubiese “interrumpido”.
La Corte de Apelaciones se encuentra facultada para disponer la organización interna de su personal y de sus enseres, pudiendo adoptar ese tipo de decisiones.