El marco normativo de las empresas ha experimentado importantes reformas en los últimos años. Estas reconfiguran la forma en que se deben prevenir los riesgos y la forma en que se relacionan con sus clientes, proveedores y trabajadores. Ley de delitos económicos, ley de ciberseguridad, ley Karin, ley de 40 horas, ley marco de autorizaciones sectoriales y la nueva ley de datos personales, constituyen un nuevo entorno legal.

En este nuevo escenario, el compliance no solo supone el cumplimiento normativo, sino que requiere la instalación de una cultura de integridad organizacional. No se trata simplemente de incorporar más reglas, sino de comprender que la sostenibilidad corporativa depende de la capacidad de la organización para interiorizar principios éticos, gestionar riesgos emergentes y actuar preventivamente.

Los reguladores, inversionistas, comunidades y trabajadores exigen estándares más altos, centrados en la integridad como valor transversal. En este contexto, las empresas no pueden limitarse a adoptar políticas formales o capacitar a sus equipos. Se requiere una transformación cultural que sitúe la ética en el núcleo de la toma de decisiones, donde los valores no sean enunciados decorativos, sino criterios de acción que orienten y disciplinen la conducta individual y organizacional.

La construcción de una cultura de integridad parte por la convicción de que los valores corporativos —transparencia, probidad, confianza, honestidad— son más que una declaración. Son tendencias a preferir ciertos estados de cosas sobre otros, son preferencias colectivas respecto de cómo deben hacerse las cosas. Cuando los valores se integran genuinamente en la gestión, se convierten en una ventaja competitiva que fortalece la reputación empresarial.

El compromiso del directorio y la alta administración ya no es un elemento deseable: es la piedra angular del modelo de compliance. Su rol es establecer el tono ético desde la cúspide de la organización, asignar recursos suficientes, fortalecer la independencia de las áreas de cumplimiento y modelar la conducta que se espera del resto de la empresa. Cuando los directivos son los primeros en relativizar los controles o justificar atajos, ningún programa será eficaz. Por el contrario, cuando lideran con integridad, el resto de la organización entiende que el cumplimiento no es negociable.

Un modelo de compliance sólido debe ser integral y dinámico. Exige políticas y procedimientos claros y aplicables, una evaluación periódica de riesgos que identifique vulnerabilidades reales, capacitaciones que desarrollen capacidades prácticas y mecanismos efectivos de due diligence para evaluar a proveedores, contratistas y socios comerciales.

Asimismo, la existencia de canales de reporte anónimos, confidenciales y confiables resultan vitales para detectar incumplimientos. Es igual de importante contar con protocolos de investigación interna que otorguen garantías de imparcialidad y con un sistema disciplinario coherente que sancione conductas indebidas independientemente de la posición jerárquica de sus responsables.

El contexto actual exige también comprender que la gestión de riesgos ya no recae exclusivamente sobre los departamentos jurídicos o de cumplimiento. La ciberseguridad, la protección de datos personales, la prevención del acoso y la violencia laboral, la regulación ambiental y los estándares laborales son parte de un ecosistema de riesgos que involucra a toda la organización. La transversalidad del compliance es hoy una condición de eficacia, cada área debe asumir su rol y entender que el incumplimiento impacta a la empresa completa.

Otro elemento clave es la formación de los trabajadores. Las capacitaciones deben evolucionar desde el enfoque tradicional de “transmisión de información” hacia un modelo que incorpore dilemas éticos, casos reales, discusión crítica y construcción de criterios. Las personas no actúan correctamente solo porque conocen la norma; lo hacen cuando comprenden sus fundamentos y son capaces de anticipar las consecuencias de sus decisiones.

Construir una cultura de integridad es una necesidad estratégica para la sostenibilidad organizacional. Las empresas que lo entiendan a tiempo no solo evitarán sanciones, serán más resilientes, confiables y capaces de generar valor en el largo plazo.