Parte del anteproyecto de la Comisión Experta se concentra en fortalecer los derechos laborales fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, la mayoría de las enmiendas presentadas por los consejeros del proceso constitucional no coinciden con las propuestas de los expertos, sobre todo las referidas al derecho a la huelga.
El abordaje de los derechos laborales en Chile ha evolucionado significativamente a lo largo de su historia. El país ha experimentado diferentes etapas en las que se promovieron reformas para garantizar mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras.
En concreto, en 1989, con el retorno a la democracia, se impulsaron diversas reformas para fortalecer los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones para aquellos temporales y subcontratados, así como para reforzar la inspección laboral y garantizar la igualdad de género en este ámbito. Además, periódicamente se ha desarrollado y ajustado el salario mínimo, tomando en cuenta las condiciones económicas del país.
Pese a estos avances, persisten los desafíos en el ámbito laboral en Chile. La informalidad y la falta de sindicalización en algunos sectores siguen siendo preocupaciones importantes para el Estado y para los ciudadanos.
Todo esto tomando en cuenta que la pandemia del Covid-19 resaltó la importancia de la protección social para los trabajadores, generando debates sobre la necesidad de expandir su seguridad y los sistemas de trabajo.
En el actual proceso constitucional los comisionados y consejeros han dado especial atención al abordaje del derecho laboral como parte esencial de la construcción de una nueva Carta Fundamental que refleje las demandas y necesidades de los trabajadores.
De esta forma, el borrador presentado por la Comisión Experta -denominado “anteproyecto”- ha centrado sus esfuerzos en generar un marco inclusivo y equitativo, que resguarde los derechos y condiciones de trabajo para todas las personas.
Entre los aspectos claves de las propuestas se encuentra el concepto de “derecho laboral fundamental”, es decir, los expertos proponen la incorporación de un catálogo de herramientas que fortalezcan derechos como ingresos justos, la no discriminación, mantener la seguridad social y las posibilidades de diálogo.
Respecto a este último punto -sindicalización de los trabajadores-, los expertos optaron por seguir los estándares internacionales, sin restringir, ni reducir el derecho a la huelga.
Sin embargo, consejeros -principalmente de oposición- han presentado enmiendas que eliminan el concepto de “trabajo decente”. Es decir, aquel que respeta los derechos fundamentales. Además, este sector busca limitar el derecho a la huelga a la negociación colectiva.
Por otro lado, la Comisión Experta está analizando cómo fortalecer la protección y seguridad social de los trabajadores, especialmente de aquellos que enfrenten situaciones de vulnerabilidad -como los trabajadores informales, personas migrantes y discapacitadas- proponiendo garantizar condiciones laborales justas y seguras que estén consagradas en la Constitución.
En cuanto al equilibrio entre la vida laboral y la personal, el debate también se ha centrado en promoverlo a través de políticas que incentiven la flexibilidad laboral, el acceso a licencias parentales y médicas remuneradas.
Sin embargo, según expertos, poco se ha hablado sobre una regulación de las jornadas laborales extensas, para evitar una sobrecarga de trabajo. Algo que estaría pendiente en el debate constitucional.
Finalmente, con una mirada hacia el futuro, la comisión ha considerado mecanismos que permitan la adaptabilidad de las normas laborales a los cambios tecnológicos y sociales, asegurando que una eventual nueva Constitución no quede obsoleta con el paso de los años.
Esta semana comenzó la votación de las enmiendas presentadas por los consejeros en el proceso constitucional. Por lo que -al finalizar el sufragio- se tendrá más certeza sobre cuál será el futuro de este y otros temas en la nueva propuesta de Carta Fundamental.