Además, establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.
El 31 de mayo ingresó al Senado el boletín Nº 15975-25, proyecto de ley iniciado como mensaje por el Presidente de la República que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades que digan relación con el crimen organizado.
El presente proyecto de ley, crea el Subsistema de Inteligencia Económica, integrado por la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas, los últimos a través de sus Unidades de Inteligencia.
El Subsistema y sus integrantes, funcionalmente coordinados, dirigirán y ejecutarán labores de inteligencia para alertar y/o colaborar con el Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado, según corresponda, en la recolección, evaluación y análisis de información sobre actividades que digan relación con delitos tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y la organización delictiva o criminal, entre otros.
Asimismo, el proyecto de ley contempla que dentro del Subsistema, las Unidades podrán intercambiar información que recaben en el ámbito de sus competencias y podrán requerir a otros organismos la información y antecedentes que resulten necesarios y conducentes para el cumplimiento de sus fines. En caso de que la información intercambiada o requerida sea secreta o reservada, mantendrá dicho carácter sin perjuicio de su traspaso.
Por otro lado, el proyecto actualiza la normativa aplicable a los servicios públicos que integran el Subsistema y los demás órganos que ejercen labores de supervisión en materia económica –incluyendo la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de Casinos y Juegos y la Tesorería General de la República– para la prevención y alerta temprana. Así, por ejemplo, se actualiza los requisitos aplicables a quienes ejerzan el control de bancos, instituciones financieras y otras entidades fiscalizadas por la CMF, para que ninguna persona que se encuentre bajo acusación o haya sido condenada en Chile o el extranjero por delitos contemplados en las leyes sujetas a fiscalización de la CMF, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros que impiden ser comisionado de la CMF, pueda ser director, gerente o administrador de estas entidades, ni adquirir o mantener el 10% o más de participación societaria en ellas.
Además, faculta a la CMF a desarrollar sus actividades de supervisión e investigación sancionatoria, mediante un “funcionario revelador”, que pueda realizar las actividades propias de un cliente financiero, de modo de verificar si se cumplen las regulaciones aplicables a las entidades fiscalizadas en su relación con los clientes financieros.
En materia tributaria, se propone el establecimiento de sistemas obligatorios de trazabilidad para rubros de difícil fiscalización y que están relacionados con el crimen organizado (por ejemplo, medicamentos, carne, cobre, automóviles, madera, tabaco, chatarra, alcoholes, fruta, etc.).
En materia de prevención y detección temprana, se propone una actualización de la legislación aplicable a los juegos de azar, regulando la situación de las máquinas y salas de máquinas que hoy operan al margen de la ley, para que dichas máquinas no puedan ser importadas sino por quienes cuenten con la autorización para operarlas, y estableciendo sanciones para quienes las exploten sin autorización o utilizando una patente municipal destinada a un fin distinto.
Por otro lado, el proyecto de ley perfecciona la legislación aplicable al ejercicio de facultades intrusivas y sancionatorias por parte de los órganos que cumplen funciones de supervisión y fiscalización en materia económica y financiera.