Corte Suprema confirmó sentencia que rechazó la acción de protección en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo.
El pasado 03 de abril la Tercera Sala de la Corte Suprema en causa rol N° 34.863-2023 confirmó la sentencia apelada dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, la que rechazó el recurso interpuso en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo.
Cabe hacer presente que se interpuso una acción de protección en contra de la Contraloría Regional de Coquimbo, por la resolución dictada con fecha 7 de septiembre de 2022, mediante oficio N° E254653/2022, acto que resolvió el recurso de reposición, deducido en contra de la resolución dictada mediante oficio N° E231613, de fecha 6 de julio de 2022, que rechazó la reposición señalada y confirmó lo resuelto en este último dictamen, ambos emanados de la Contraloría Regional de Coquimbo. En dicha oportunidad la parte recurrente solicitó acoger la acción de protección y ordenar el restablecimiento del imperio de los derechos conculcados, disponiendo dejar sin efecto las resoluciones singularizadas, y ordenando el pago de las remuneraciones devengadas entre el día 29 de junio de 2021 y el 15 de marzo de 2022, fecha de la notificación del dictamen N° 193.870, de 2022, con expresa condenación en costas.
La Corte de Apelaciones de la Serena rechazó la acción deducida, ya que, la acción de protección constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes y que no sean cuestionados, pues su objeto no es el establecimiento de derechos en favor de quien acciona, si no, de cautelar dichos derechos, los que por tanto deben ser indubitados, situación que el caso que nos ocupa no se cumplen estos dos requisitos esenciales, ya que, lo perseguido por la parte recurrente con esta acción cautelar es que se deje sin efecto los oficios N° E254653 / 2022 de fecha 7 de septiembre de 2022 y E231613, de 2022, de fecha 6 de julio de 2022, ambos emanados de la Contraloría Regional de Coquimbo, recurrida en estos autos, y que la recurrida ordene al municipio de Coquimbo el pago a su mandante de remuneraciones y demás emolumentos.
Añadió que la recurrente cuestionó la legalidad de la resolución con que la recurrida rechazó una reposición con la cual la actora pretendía cambiar la decisión del fondo, no siendo está la vía para impugnar un acto administrativo.