Este 8 de marzo de 2026, el llamado imperativo de ONU Mujeres resuena con una urgencia renovada en un contexto global crítico para la comunidad internacional. Derechos. Justicia. Acción. No es una tríada al azar: pretende ser una hoja de ruta frente al lento avance y los posibles estancamientos de las promesas de igualdad y mejora en la vida real de muchas mujeres a lo largo del planeta. También, busca llamar la atención sobre la participación de mujeres en los poderes judiciales y puestos de toma de decisiones, asumiendo que la adecuada representación de las mujeres en todos los espacios es fundamental. Chile se encuentra con este llamado cuando estamos saludando por primera vez que la presidencia de la Corte Suprema recae en una mujer, lo que vemos como señal de motivación en tiempos complejos para la justicia chilena.
Con todo, desde mi rol de investigadora, sigo observando con preocupación cómo el sistema jurídico a menudo se conforma con el reconocimiento de derechos en el papel, pero falla sistemáticamente en la arquitectura de la justicia sustantiva y en la contundencia de la acción estatal. Esta brecha no es neutral: produce un impacto diferenciado especialmente grave en los rostros de niñas y adolescentes.
Cuando hablamos de justicia y género, solemos centrar el debate en la mujer adulta, invisibilizando que las estructuras de opresión comienzan mucho antes. Las niñas y adolescentes enfrentan un impacto diferenciado que el derecho penal y de familia aún no logra procesar con la debida especialización para la eficacia requerida. El trabajo de campo del equipo del proyecto de investigación “Justicia, Género y Niñez” está evidenciando que aún no existe un abordaje articulado que permita enfrentar de manera efectiva situaciones graves que afectan a niñas como la explotación sexual o la violencia vicaria, por ejemplo, ni las herramientas presupuestarias o de gestión suficientes para abordar esta cuestión.
La normalización de conductas de control, de fuerza física o sexual, o de abuso y humillación en las primeras etapas de socialización no es solo un problema cultural del que se deben hacer cargo los agentes sociales y políticos, es un síntoma, también, de un sistema judicial que llega tarde ante violencias que muchas veces anclan raíces en generaciones anteriores que vieron o vivieron algo similar, sin que alguna persona o institución pusiera una alerta efectiva para cambiar esas vidas.
Para la niñez, un tribunal no siempre es un espacio de reparación, sino a menudo de revictimización, donde su relato es sometido a estándares de prueba diseñados por y para personas adultas, lo que puede agravar una situación que tendrá impacto seguro en su vida de persona adulta.
La acción que demanda la ONU este año aborda también la autonomía progresiva y motiva a exigir transitar hacia una justicia con enfoque efectivo de derechos que, a través de una mirada interseccional, atienda las diversas condiciones en que las mujeres despliegan su vida desde la primera etapa. No basta con protegerlas: debemos garantizar que el ecosistema de justicia sea capaz de leer, desde sus voces, las dinámicas de poder que las atraviesan: la edad, el género, la identidad cultural o la posición socioeconómica, por ejemplo.
Conmemorar el 8 de marzo de 2026 desde la academia permite generar incomodidad. El derecho y la justicia no pueden seguir siendo conceptos abstractos sobre los que teorizamos sin mirar la vida real de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Pueden traducirse en diversas acciones que garanticen que el proyecto de vida de una niña no se vea truncado por la impunidad o la revictimización judicial o, peor aún, por una indiferencia académica, política, normativa o social.
Referencias: https://www.un.org/es/observances/womens-day
