La dilación en el pronunciamiento era ilegal y arbitraria, pues vulneraba el derecho a la igualdad ante la ley al generar una discriminación en perjuicio de la recurrente.
Una resolución absolutoria no anula ni limita la potestad administrativa de sancionar, cuando se ajuste a los principios de legalidad, debido proceso y proporcionalidad.
Las decisiones y dictámenes del órgano Contralor son obligatorios y vinculantes, por lo que existe mala fe por parte del recurrido al desconocer los efectos.
Corresponde a la autoridad con potestad disciplinaria determinar si la conducta descrita constituye una infracción a las obligaciones funcionarias.
La acción de protección no puede transformarse en una suerte de sustituto de los procedimientos naturalmente idóneos establecidos en el ordenamiento jurídico.
La potestad sancionatoria de los cuerpos intermedios también debe ajustarse a las garantías de un procedimiento racional y justo.
Corte Suprema confirmó decisión y ordenó a la Prefectura Santiago Oriente resolver el sumario administrativo dentro de 60 días.
La entidad deberá adoptar los protocolos de seguridad y acompañamientos necesarios para aminorar los riesgos consustanciales al retiro y traslado de efectivo en montos de alto valor.
Si bien la sanción original fue la suspensión del empleo, no se apreció que dicha suspensión se haya hecho efectiva.
El procedimiento sumario y la sanción decidida, se ajusta al mérito de los hechos y del derecho aplicable en estos casos, no existiendo ilegalidad.