La diferencia entre lo registrado en el sistema SAE y los alumnos matriculados se justificó, ya que se buscaba integrar a alumnas mujeres conforme a la normativa vigente.
La administración deberá solicitar antecedentes que acrediten el monto de la pensión de alimentos al contratar o renovar empleados inscritos en el Registro Nacional de Deudores, garantizando la retención y pago directo a los alimentarios.
En el año 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, fruto de la Revolución Francesa establecía en su Artículo 15 que: «La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público». Este derecho tiene su evolución en la
No se aportaron pruebas suficientes para acreditar las supuestas irregularidades en el sumario administrativo, ni se demostró un acto ilegal o arbitrario.
El objeto es realizar un análisis de la ley N° 21.643 relativas a la denuncia, investigación, el reglamento interno, medidas de resguardo, entre otras.
La medida adoptada en el caso propuesto se enmarcó en el ejercicio de facultades discrecionales basadas en antecedentes concretos.
Se dejó sin efecto la resolución, ya que se no justificó correctamente la rebaja en el cobro máximo por alumno.
Remarcó que la prueba en los procedimientos administrativos se pondera en conciencia, no bajo las reglas de la sana crítica, descartando cualquier vicio de legalidad.
El CPLT al haber sancionado a una jefatura intermedia ha afectado el derecho de propiedad del actor sanción que, no podía aplicar respecto de otros funcionarios que no sean los expresamente indicados en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.
La Superintendencia de Educación sancionó por hechos prescritos, ya que el término de seis meses previsto en el artículo 86 de la Ley N° 20.529 se encontraba cumplido.