El máximo tribunal estableció que un funcionario con menos de cinco años de servicios no adquiere la expectativa de estabilidad derivada del principio de confianza legítima, por lo que la administración puede poner término anticipado a la contrata si el acto está debidamente motivado.

El máximo tribunal ratificó el rechazo del recurso de protección presentado contra la Municipalidad de Torres del Paine, validando la sanción disciplinaria de destitución aplicada tras un sumario administrativo que acreditó salidas al extranjero mientras el funcionario se encontraba con licencia médica.

El máximo tribunal sostuvo que el exceso de los plazos del artículo 135 del Estatuto Administrativo no configura por sí solo ilegalidad o arbitrariedad, especialmente tratándose de un denunciante.

La sanción de destitución por uso indebido de licencia médica constituye una respuesta legítima frente a una infracción grave al principio de probidad administrativa.

El máximo tribunal sostuvo que la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución no constituye una instancia para revisar el mérito de investigaciones administrativas ni para declarar prestaciones de salud derivadas de ellas.

El máximo tribunal acogió un recurso de protección y dejó sin efecto un oficio de la Contraloría General de la República que se había negado a emitir pronunciamiento sobre la renovación de una contrata municipal, afirmando que el órgano contralor no puede abstenerse de ejercer las competencias que la Constitución y la ley le confieren.

El máximo tribunal confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó el recurso interpuesto por un ex funcionario del SERVIU Biobío, destituido tras un sumario administrativo por inasistencias injustificadas y atrasos reiterados.

El máximo tribunal confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazó el recurso de protección presentado por un exfuncionario de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

El máximo tribunal ratificó que el órgano contralor actuó dentro de sus atribuciones al desestimar el reclamo de ilegalidad contra el decreto alcaldicio que dispuso la destitución del funcionario, recordando que el recurso de protección no es la vía para revisar el mérito de un sumario administrativo ni la ponderación de las sanciones disciplinarias.