Esto, debido a la falta de normativa o tratamiento legal, para perseguir la restitución de aquellos gastos o asignaciones parlamentarias entregadas con infracción a la normativa legal, a las normas respecto de la probidad y/o al reglamento.
Máximo tribunal acogió un recurso de unificación de jurisprudencia, y resolvió que una renuncia sin las formalidades exigidas por el Código del Trabajo carece de eficacia para poner término al vínculo laboral.
