Se rechazó el decaimiento, ya que si bien el procedimiento tardó más de 6 meses se realizaron diversas gestiones por la autoridad con la finalidad de dar curso al procedimiento.
La Segunda Sala descartó vulneraciones al debido proceso y confirmó la condena por fingimiento del cargo de abogado, junto con el delito de uso malicioso de documento privado falso.
La Tercera Sala impuso suspensión de un mes y multa de 5 UTM a una abogada por incorporar referencias doctrinarias no verificadas en un recurso de casación en el fondo.
