La iniciativa, ingresada el 3 de diciembre, modifica el artículo 16 D de la Ley General de Educación para permitir sanciones cuando los apoderados no actúan tras ser notificados de episodios de acoso.
El máximo tribunal sostuvo que el rechazo de un Programa de Cumplimiento de la SMA es un acto trámite no susceptible de casación, conforme al artículo 26 de la Ley 20.600.
La Tercera Sala ratificó la sentencia del Rol 1631-2025, desestimando las pretensiones contra el Serviu y la constructora, al estimar falta de legitimación activa y ausencia de un derecho indubitado protegible.
El fallo concluyó que la revocación de la prórroga de una contrata, antes del inicio del nuevo período anual, no afectó un derecho adquirido en el caso.
La Cuarta Sala confirmó la sentencia que desestimó una demanda por competencia desleal deducida por Consorcio Valle Hermoso S.A. contra Mantoverde S.A.