La iniciativa, ingresada el 3 de diciembre, modifica el artículo 16 D de la Ley General de Educación para permitir sanciones cuando los apoderados no actúan tras ser notificados de episodios de acoso.
El proyecto de ley sobre acoso escolar ingresó al Senado el 3 de diciembre y propone una modificación directa al artículo 16 D de la Ley Nº 20.370 (Ley General de Educación). La moción, presentada por la senadora Gatica y el senador Castro Prieto, busca que la sanción actualmente dirigida a establecimientos también pueda aplicarse a apoderados que no reaccionen frente a una notificación formal sobre conductas de acoso escolar.
La propuesta surge en un contexto donde las comunidades educativas reportan un aumento sostenido de situaciones de maltrato psicológico, aislamiento y hostigamiento entre estudiantes, categorías que la Ley General de Educación reconoce como “violencia escolar”.
El documento señala que los equipos directivos han fortalecido protocolos y capacitaciones, pero advierten que su eficacia disminuye cuando no existe acompañamiento desde el hogar. El texto enfatiza que “la intervención de los adultos responsables es clave para detener a tiempo las conductas agresivas”.
El núcleo jurídico de la iniciativa es la incorporación, al final del inciso tercero del artículo 16 D, de la frase: “Con todo, igual sanción podrá aplicarse a los apoderados que, habiendo sido formalmente notificados no adopten medidas destinadas a evitar su reiteración”.