La administración incumplió la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo, así como de promoción de la obtención de las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia.
El 14 de noviembre la Corte Suprema en causa rol N° 55.680-2024 revocó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en cuanto rechazó el recurso de amparo, y en su lugar, lo acogió, dejando sin efecto al acto administrativo impugnado, así como la orden de prohibición de ingreso, debiendo la repartición pública recurrida otorgar un nuevo plazo de 60 días a la parte actora para que presente los documentos justificantes de su petición y luego, estudie su situación migratoria.
Cabe tener presente que se interpuso un recurso de amparo en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dictación N° 24369987, de fecha 30 de agosto de 2024, mediante la cual se rechaza la solicitud de residencia temporal por reunificación familia y se dispone la prohibición de ingreso por el plazo de cinco años respecto de la extranjera.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de amparo, toda vez que no advirtió la existencia de algún acto ilegal por parte de la autoridad recurrida, toda vez, que la resolución impugnada se sustenta en una causal legal, ha sido dictada por autoridad competente, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad a la normativa.
La Corte Suprema la revocó, asegurando que la administración incumplió la obligación de protección y respeto del derecho a un procedimiento racional y justo, así como de promoción de la obtención de las autorizaciones y permisos de residencia o permanencia, al rechazar la solicitud de residencia temporal por reunificación familiar y ordenar la prohibición de ingreso al país por cinco años por presentar antecedentes penales, sin adoptar antes las medidas conducentes y razonables para permitir explicar con nuevos antecedentes dicha situación.