El máximo tribunal sostuvo que el recurso perdió oportunidad, luego de que la Contraloría declarara admisible una nueva denuncia ampliada y la mantuviera en tramitación.
La Corte Suprema el pasado 05 de junio en causa rol N°4998-2026, confirmó la sentencia dictada el 23 de enero de 2026 por la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó un recurso de protección interpuesto contra la Contraloría General de la República, Región de La Araucanía.
La acción fue presentada por una recurrente contra el órgano de control, a propósito del Oficio N° E44290, de 19 de marzo de 2025. En su recurso, pidió que Contraloría emitiera un pronunciamiento sobre denuncias vinculadas a procedimientos internos de la Municipalidad de Padre Las Casas y a la eventual instrucción de un sumario administrativo.
La recurrente alegó vulneración del derecho de petición, igualdad ante la ley, debido proceso, principio de legalidad y principio de inocencia. Sostuvo que la Contraloría se había abstenido indebidamente de pronunciarse, al estimar que parte de los antecedentes estaban sometidos al conocimiento de tribunales.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso y validó la actuación del órgano de control. La sentencia sostuvo que la actuación cuestionada fue emitida dentro del marco competencial de Contraloría y recordó que el artículo 6 de la Ley N° 10.336 limita expresamente la potestad dictaminante cuando existen materias litigiosas o sometidas al conocimiento judicial. También destacó que la autoridad recurrida sí había dado respuesta a la presentación, definiendo distintos cursos de acción según la naturaleza de cada denuncia.
El tribunal además recogió el argumento relativo a que el recurso de protección no constituye una instancia destinada a declarar derechos ni a sustituir procedimientos administrativos o jurisdiccionales pendientes, sino una herramienta excepcional para restablecer el ejercicio de derechos afectados por actos ilegales o arbitrarios.
Al conocer la apelación, la Corte Suprema eliminó la parte considerativa del fallo de alzada, pero mantuvo su decisión final sobre una base distinta.
El máximo tribunal recordó que el recurso de protección constituye una acción cautelar orientada a resguardar derechos preexistentes frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan una afectación actual.
Sin embargo, observó que durante la tramitación del proceso las propias partes reconocieron que Contraloría había recibido una “nueva denuncia ampliada”, la declaró admisible y mantenía su tramitación vigente. Desde esa constatación concluyó que la abstención originalmente cuestionada dejó de existir y que ya no había una medida útil que adoptar para restablecer el imperio del derecho.
La Corte sostuvo que el recurso perdió oportunidad porque desapareció el sustento fáctico de los reproches dirigidos contra el órgano de control. En consecuencia, confirmó la sentencia apelada sin emitir órdenes adicionales.
