El director de Latam-Digital Action, Vladimir Cortés, se refirió a los obstáculos para el acceso a internet en América Latina, a propósito de su participación en la presentación -realizada por Actualidad Jurídica: El Blog de DOE- del informe global Freedom on the Net, elaborado por Freedom House, el cual tiene por objetivo evaluar qué tan libre es el entorno digital de los distintos países del mundo, siendo la primera vez que Chile se incluye en la medición.
En esa línea, Cortés señaló que la erosión del espacio cívico digital en América Latina se debe al deterioro de las instituciones democráticas, la persecución de usuarios críticos, y el uso indebido de leyes y tecnologías de vigilancia. Además, destacó la importancia de defender la libertad de expresión en línea, combatir la violencia digital y garantizar la privacidad. En ese sentido, propone un enfoque multisectorial y regulaciones centradas en derechos humanos para proteger el espacio digital.
En tu intervención mencionaste una «erosión del espacio cívico» en el entorno digital. ¿Cuáles son los principales factores que están contribuyendo a este deterioro a nivel global?
Este deterioro se origina en varios factores. Por un lado, está el debilitamiento institucional de los sistemas democráticos en algunos países de la región. En casos como el de México, esto ha implicado el desmantelamiento de órganos autónomos e instituciones que garantizaban derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales, el acceso a la información y la transparencia. Por otro lado, hemos observado una persecución dirigida hacia voces críticas del gobierno o del Estado, lo que ha llevado a que usuarios de internet sean arrestados, encarcelados o detenidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión en línea.
En el informe se analizaron 12 países de la región, y en 8 de ellos se registraron casos significativos de represión digital, siendo Venezuela el ejemplo más severo de castigo a la disidencia.
En resumen, los factores clave incluyen el deterioro de las instituciones democráticas, la persecución de usuarios de internet —en particular periodistas—, el uso de tecnologías de vigilancia, y la promulgación de leyes restrictivas que limitan la libertad de expresión.
Desde su perspectiva como director de Latam-Digital Action, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que enfrenta América Latina en términos de libertad en internet y derechos digitales?
Uno de los principales desafíos es reforzar y proteger la institucionalidad democrática, que es esencial para garantizar los derechos humanos en el espacio digital. Es fundamental defender el andamiaje institucional que permite ejercer estos derechos, especialmente en un contexto donde surgen legislaciones que, bajo pretextos legítimos, podrían consolidar mecanismos de censura y criminalización de la expresión en línea.
Otro reto importante es enfrentar las formas de violencia digital y garantizar mayores controles sobre las acciones de vigilancia estatal, que afectan directamente la privacidad de los usuarios. Esto implica establecer mecanismos más estrictos para evitar violaciones a los derechos de las personas en el entorno digital.
Finalmente, es crucial fomentar una internet libre y abierta, donde los derechos de los usuarios estén protegidos y puedan ejercerse sin restricciones indebidas.
Mencionó que periodistas y defensores de derechos humanos enfrentan restricciones en el entorno digital. ¿Cómo deberían los gobiernos y las organizaciones internacionales abordar estas amenazas?
En primer lugar, es necesario revisar y reconfigurar marcos legislativos para evitar que funcionen como herramientas de persecución y censura. Las nuevas iniciativas deben construirse desde un enfoque multisectorial, incluyendo a todas las partes interesadas, para garantizar que respeten la naturaleza y los principios del espacio digital.
Además, es urgente combatir la impunidad en casos de violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. Esto incluye garantizar el acceso a la justicia y proteger a quienes enfrentan agresiones que buscan silenciar su participación en el ámbito digital.
Por último, se deben implementar mecanismos para evitar que estas agresiones afecten la producción de información crucial para la sociedad, especialmente en casos extremos donde periodistas son asesinados y sus casos permanecen impunes.
A medida que internet evoluciona, ¿cuáles son las tendencias regulatorias que ve como potenciales riesgos o avances para la libertad en línea?
Identifico al menos cuatro áreas clave. Primero, la ciberseguridad; aunque los objetivos son legítimos, algunas legislaciones han derivado en mayores niveles de vigilancia y la ausencia de salvaguardas para proteger la privacidad de los usuarios. En casos extremos, como en México, Cuba o Nicaragua, estas leyes han sido utilizadas como mecanismos de persecución y censura.
Segundo, la violencia digital. Las leyes contra la violencia de género en línea son necesarias, pero deben diseñarse cuidadosamente para evitar que se conviertan en herramientas para censurar contenidos o silenciar a periodistas.
Por otro lado, está la regulación de plataformas digitales. Las normativas deben enfocarse en la transparencia y la rendición de cuentas, evitando restricciones indebidas a la libertad de expresión.
Finalmente, inteligencia artificial. Es crucial adoptar un enfoque basado en derechos humanos, con medidas como transparencia algorítmica, explicabilidad de los sistemas y protección de la privacidad de los usuarios.
Chile obtuvo una destacada puntuación en el informe Freedom on the Net. ¿Qué elementos considera que han permitido al país liderar la región en términos de libertad en la red?
Chile ha construido una sólida institucionalidad democrática que garantiza y amplía la protección de los derechos de los usuarios. La aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales, la creación de una agencia especializada en el tema y las discusiones en torno a la inteligencia artificial son avances significativos.
Además, los esfuerzos por cerrar la brecha digital y facilitar el acceso a internet fortalecen el ejercicio de la libertad en la red. Sin embargo, persisten desafíos, como leyes que criminalizan actividades periodísticas, alejadas de los estándares internacionales.
Chile tiene el potencial de convertirse en un referente regional con regulaciones democráticas sobre plataformas digitales e inteligencia artificial, estableciendo un equilibrio entre limitar el poder de las grandes empresas tecnológicas y garantizar la protección de los derechos en internet.