El máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción y rechazó la acción presentada por una funcionaria municipal destituida tras un sumario administrativo por uso indebido de licencia médica.
La Ley N° 21.822 establece un marco integral de protección para personas mayores, con reglas sobre acceso a justicia, salud, participación, abandono social, trabajo y fortalecimiento del Senama.
La Asociación de Legaltech de Chile incorporó a Sistadem, Lexy, Juztina, Laku, Inprovider, Lidia Compliance y Notifica Legal, con lo que su comunidad de socios llega a 21 organizaciones.
Los costos de la gran minería del cobre registraron una disminución de 5,7% durante 2025, alcanzando un costo neto promedio de US $1,8 por libra. Sin embargo, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) advirtió que esta reducción no respondió a mejoras estructurales en las operaciones, sino principalmente a factores externos favorables que compensaron diversas presiones sobre la industria.
Las modificaciones aplicadas por el Gobierno al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) durante marzo permitieron reducir significativamente el costo fiscal asociado al alza internacional del petróleo, generando un ahorro cercano a los US $1.600 millones para las arcas públicas.
A pocos días del seminario “Desafíos de la transformación digital en el ámbito legal”, que se realizará el próximo 4 de junio, Karla Varas, directora del Magíster en Derecho con menciones de la Facultad de Derecho de la PUCV y profesora adjunta, abordó los efectos de la hiperconectividad en las relaciones laborales, el derecho a la desconexión y los desafíos que plantea la inteligencia artificial para el futuro del trabajo.
La Ley N° 21.821 modifica la Ley N° 19.974, redefine la estructura del Sistema de Inteligencia del Estado y establece nuevas reglas de planificación, reserva, control y procedimientos especiales.
Máximo tribunal sostuvo que la protección de la Ley del Consumidor alcanza a quien utiliza o disfruta el servicio como destinatario final, aunque no sea el propietario inscrito del vehículo involucrado.
Máximo tribunal sostuvo que la ausencia de licencia de conducir no justificaba reducir la indemnización por daño moral, ya que no tuvo incidencia causal en el accidente que provocó la muerte del trabajador.
