Se establece la prohibición de ingreso de pasajeros por las puertas traseras de los buses, salvo en los casos en que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones lo autorice.
El pasado 01 de abril ingresó a la Cámara de Diputados el boletín N° 17441-15, el cual establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de tarifa en los sistemas de transporte público del país.
En primer lugar, se propone la implementación de una “tarifa recargada” que consistiría en un monto superior al que actualmente se paga en el validador. Así, el pasajero que no pagó la tarifa en el respectivo validador y es fiscalizado podrá pagar una tarifa adicional,in actum, mediante los equipos que porten las personas autorizadas. Si la o el pasajero no paga la tarifa recargada se iniciará un procedimiento administrativo sancionatorio ante la Subsecretaría de Transportes.
Dicho monto será determinado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en conjunto con el Ministerio de Hacienda.
Por otro lado, se que el pago de la multa infraccional se realice a través del sitio electrónico habilitado para realizar el pago de las multas contemplado en la ley N° 21.549, que crea Sistema de Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito. Dicho procedimiento tendrá carácter administrativo y estará radicado en la División de Fiscalización del Transporte y Tratamiento Automatizado de Infracciones de Tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Además, establece la prohibición de ingreso de pasajeros por las puertas traseras de los buses, salvo en los casos en que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones lo autorice, lo que será sancionado como contravención leve.
El proyecto de ley además propone otorgar mayores facultades al personal de fiscalización para constatar el incumplimiento, retener y solicitar la inutilización del instrumento de acceso al transporte público con rebaja o exención tarifaria, junto con la suspensión del beneficio y la denuncia respectiva ante el Juzgado de Policía Local competente.
Asimismo amplia la protección para los inspectores municipales y para los conductores de los servicios de buses, aumentando las penas por lesiones y amenazas en un grado.